Ramón Górriz y Toni Ferrer, secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, manifestaron al subsecretario de Justicia, Juan Bravo, que ambas iniciativas suponen un recorte en el acceso al servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, al limitar gravemente y en muchos casos dejar fuera de las posibilidades reales de acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.
. En la tarde de ayer una delegación de UGT y CCOO, encabezada por Toni Ferrer y Ramón Górriz, se entrevistó en el Ministerio de Justicia con el Subsecretario Juan Bravo Riera y otros miembros del Ministerio. En la reunión, que había sido solicitada por CCOO y UGT el pasado 8 de noviembre, los sindicatos expusieron a los responsables de Justicia su completo rechazo de la nueva Ley de Tasas Judiciales, así como del contenido del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Justicia Gratuita actualmente en proceso de consultas.
Para CCOO y UGT ambas iniciativas suponen un recorte en el acceso al servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, pues limita gravemente y en muchos casos deja fuera de las posibilidades reales de acceso a la justicia a amplios colectivos sociales en controversias que son esenciales para su estabilidad básica, pues están vinculadas a las rentas que garantizan su subsistencia y la de sus familias. Además forman parte de la ofensiva que el Gobierno del Partido Popular está dirigiendo contra los bienes y servicios básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, ofensiva en la que está teniendo especial protagonismo el Ministerio de Justicia mediante medidas restrictivas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva con la excusa de la reducción del déficit público, por lo que ha dado lugar a la oposición de innumerables colectivos sociales y relacionados con la propia administración de justicia.
En la reunión se manifestó con rotundidad al Subsecretario de Justicia la especial oposición de UGT y CCOO al establecimiento de tasas judiciales a los trabajadores y a los sindicatos, cuando actúan en representación y defensa de los intereses de aquéllos, a la implantación de cualquier tasa para recurrir en suplicación y casación en el orden social, así como las que se imponen a los empleados públicos y a los propios sindicatos cuando reclaman ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en defensa de los derechos de aquéllos. Manifestaron también el frontal desacuerdo con el intento de suprimir el derecho a la justicia gratuita de trabajadores, sindicatos y beneficiarios del sistema público de Seguridad Social, cuando reclaman ante los juzgados y tribunales de lo social, derecho que existe desde hace más de 100 años, que responde a la necesidad de reequilibrar, aunque sea en parte, la posición de preeminencia del empresario en la relación de trabajo, y que ni el franquismo se atrevió a eliminar.
CCOO y UGT consideran que de seguir adelante, se impondrán graves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior los pronunciamientos judiciales que no les hubieran sido favorables en la primera instancia, como un paso más de la estrategia gubernamental dirigida a incrementar el poder de dirección empresarial, que potencia la reforma laboral, buscando ahora limitar el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y la lesión de sus derechos, disuadiéndoles de ello, por el riesgo no sólo de tener que pagar tasas sino también de abonar las minutas de los abogados del empresario que les hubiera despedido o recortado sus derechos laborales.
Por ultimo, el Subsecretario de Justicia se comprometió a enviar a CCOO y UGT en los días inmediatos, el texto actual del anteproyecto de reforma de la Ley de Justicia Gratuita, comprometiéndose a volver a recibirles para escuchar sus posiciones y propuestas sobre ese nuevo texto e intentar, en su caso, acercar posiciones en esta materia.