A raíz de las nuevas propuestas para la OCM (Organización Común de Mercados) única, en donde se regula el sector vitivinícola, se creó un Grupo de Alto Nivel sobre los derechos de plantación, con el ánimo de formular recomendaciones a la Comisión Europea sobre el futuro del vino una vez finalice el sistema de regulación actual en el año 2015.
Sin embargo, las declaraciones efectuadas el pasado 19 de septiembre por el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE), Dacian Ciolos, incluso antes de que el Grupo de Alto Nivel le remita sus consideraciones, han sorprendido a FECOAM y el sector vitivinícola de manera inequívoca. El comisario manifestó públicamente que se debe "establecer el marco de un nuevo sistema de regulación de los derechos del viñedo" y se mostró contrario a la prórroga de los derechos, en contra del 'status quo' alcanzado en el seno de la UE, apoyado por 23 Estados miembros y que hasta el momento veía con buenos ojos. Por otro lado, el ponente del Parlamento Europeo para la reforma del sector vitivinícola, Paolo de Castro, también es partidario del mantenimiento de los derechos hasta el 2030.
Desde FECOAM nos preguntamos, ¿cuál es el papel a jugar por el Grupo de Alto Nivel, cuya misión es trabajar para la Comisión, cuando ya tiene una idea previa de cómo han de quedar los derechos del viñedo? No consideramos oportuno trasladar la concesión de los derechos de vino a las interprofesionales, que actualmente no cubren todo el territorio nacional, ni a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), ni por supuesto a las futuras Organizaciones de Productores de Vino, tal y como ha propuesto el comisario Ciolos. Tampoco compartimos la idea de la liberalización total de los vinos sin denominación.
Las interprofesionales y las organizaciones de productores tienen objetivos diferentes. En el caso de las interprofesionales, se busca promover el diálogo entre los diferentes actores de la cadena, mientras que las organizaciones de productores tienen el fin primordial de producir y obtener unos resultados económicos que reviertan en el agricultor.
A raíz del cambio de postura del comisario, los principales países productores, encabezados por Francia, pero también con Alemania, España, Italia y Grecia, proponen trabajar una posición alternativa, habida cuenta de la negación del comisario Ciolos en prorrogar el sistema tal y como está.
Un total de 11 países están trabajando en un sistema de derechos para todas las categorías de vino, incluidos los que no tienen indicación geográfica, en el que se propone, como medida de regulación, un aumento gradual del potencial de producción. Se trata de una cláusula de salvaguardia que tendría como finalidad evitar un excesivo crecimiento de viñedos de una determinada DOP o IGP cuando peligrase su mercado.
Esta cláusula sería activada por los Estados miembros o por la Comisión cuando se sobrepasasen ciertos umbrales preestablecidos, lo que implicaría, en caso de que se activase, la prohibición de nuevas plantaciones.
FECOAM acoge de forma favorable la intención de introducir un nuevo marco normativo europeo para que el sistema de regulación del vino sea más eficaz y flexible. Sin embargo, considera que es fundamental prestar especial atención a la hora de aplicar dicho sistema, sobre todo para las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas y para los vinos que no están sujetos a estas figuras de protección de calidad.
También se propone que los Estados miembros determinaran libremente su organización nacional para la gestión de los derechos y de la reserva, bien a nivel nacional y/o regional. Por otro lado, las interprofesionales no están presentes en todos los países de la UE, por lo que la capacidad de los Estados miembros en delegar la gestión de los derechos del viñedo no sería equitativa.
A raíz del cambio, Carmen Hernández, técnico del sector del Vino en FECOAM, resume la propuesta alternativa que también defiende España:
- En primer lugar, la regulación de las nuevas plantaciones y replantaciones en el marco de un sistema de derechos que se aplicarían a todas las categorías de vino de forma flexible: crecimiento limitado del potencial de producción para cada país, a fin de responder a la demanda, una limitación que seria también a nivel de la UE.
- Por otro lado, existiría la posibilidad de que los Estados miembros fijen la liberalización de las nuevas plantaciones respecto a sus prioridades, como la incorporación de jóvenes al sector, categorías de vino, zonas, etc.
- Se propone la armonización de ciertas reglas de gestión, a través de los Estados miembros, a nivel nacional y/o regional, y la definición a nivel de la UE de la lista de criterios para la entrega de derechos y libertad a los países, para determinar la gestión de los derechos y la reserva de los mismos.
- El mantenimiento de la excepción actual (no se les aplica el sistema de derechos) para los países cuya producción sea inferior a 50.000 hectolitros, como Polonia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, entre otros.