Rafael Sánchez lamenta que la Consejería de Sanidad haya renunciado al plazo máximo de 150 días de espera para ser operado y exige que los pacientes sean informados del tiempo máximo de espera estipulado para sus intervenciones

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, se ha referido al análisis que la Consejería de Sanidad ha hecho sobre la evolución de la listas de espera en la Región. Así, ha criticado a la Consejería por intentar "maquillar" unos datos como buenos, "cuando en realidad las listas de espera han aumentado en el último año, y de forma especial en los pacientes que tienen que esperar más de 180 días, cuya cifra se ha multiplicado por cuatro".

En este sentido, Sánchez ha lamentado que Sanidad haya renunciado a su propio decreto sobre tiempo de espera máximo, que ha pasado de 150 a 180 días. Al tiempo, ha exigido que se cumplan las obligaciones de la Consejería de Sanidad respecto a los derechos de los usuarios. Y para ello ha demandado que los pacientes sean informados, de una forma habitual, del plazo máximo de espera fijado, para que, en uso de ese derecho, ejerzan las acciones de queja o reclamación que estimen oportunas por el incumplimiento de esos plazos. "Esa información no se facilita de forma habitual a los usuarios".

Sánchez ha recordado que UPyD ha mostrado sus críticas con los recortes en Sanidad o Educación, "porque se retrocede muy rápidamente en muchos derechos y cotas de calidad que parecían consolidados, pero que luego requerirán de mucho tiempo para poder recuperarse".

Además, ha insistido en que ese retroceso en la calidad y prestaciones en Sanidad tiene que ver con la mala gestión de Gobierno regional, pero también con la "inviabilidad del sistema actual", apoyado en un modelo territorial insostenible "con 17 modelos muy desiguales". "Además de tener síntomas de inviabilidad por las grandes deudas que acumula, propicia que las diferencias entre CCAA no paren de aumentar año tras año". Sánchez ha hecho énfasis en la gran disparidad de gastos y de servicios y prestaciones sanitarias entre las CCAA, "que pone en serio peligro la necesaria cohesión y equidad entre los ciudadanos de los distintos territorios", ha concluido.