Se propone un modelo de autonomía de centros que rompe con la cultura de colaboración necesaria para una exitosa labor educativa

El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) elaborado por el Gobierno, no contempla medidas concretas para superar los dos grandes problemas de nuestro sistema educativo, el fracaso y el abandono escolar prematuro, y promueve un modelo educativo clasista que no mejorará la calidad de nuestro sistema educativo. Además, en contra de lo que se dice en el texto, es completamente falso que el borrador de ley sea el "resultado de un diálogo abierto y sincero con la comunidad educativa".

La atención a la diversidad del alumnado no consiste en introducir constantemente evaluaciones (desde 3° de primaria) aplicadas y calificadas por especialistas externos, sino en garantizar que los centros tengan los recursos humanos y materiales necesarios para que, a partir de una evaluación formativa, el propio centro asegure la atención personalizada del alumnado con necesidades educativas específicas.

El modelo de evaluación escolar que establece el anteproyecto se acerca mucho a las antiguas reválidas, por lo que si se aplicase, su consecuencia inmediata sería la separación temprana del alumnado y a corto plazo un aumento del abandono escolar.

Especialmente preocupante es la organización que se plantea de cuarto de la ESO. En lugar de favorecer el progreso del alumnado garantizando que, además de las materias comunes, exista un ámbito de optatividad que se ajuste a las capacidades e intereses del alumnado, se proponen dos itinerarios cerrados que determinarán a edades tempranas el camino a seguir entre unas enseñanzas académicas y otras aplicadas.

La consecuencia directa será un desprestigio de la Formación Profesional al contraponerla a la vía académica para "los listos".

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs) son sustituidos por la formación profesional básica -a partir de los 15 años- que no contempla la posibilidad de conseguir el título de Graduado en ESO, mientras que antes sí, condenando a este alumnado con una edad muy temprana a carecer de los instrumentos esenciales para continuar sus estudios o bien para insertarse en el mundo laboral.

En el texto se introducen modificaciones para favorecer a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

El Ministerio aprovecha este texto normativo para modificar el Capítulo III de la LOE, relativo a la admisión del alumnado para justificar los conciertos a los centros privados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo las reciente sentencia.

También se modifica el artículo 116 de la LOE para cambiar el carácter singular de los conciertos de los PCPIs y concertar con carácter general la formación profesional básica, al estar dentro de las enseñanzas obligatorias.

En el anteproyecto prevé cambios que lesionan el actual modelo de participación y de corresponsabilidad de los sectores que contribuyen a la tarea educativa. Así, se plantea un modelo de autonomía de los centros que rompe con toda la cultura de colaboración y compromiso necesarios para que la labor educativa tenga éxito.

Las propuestas en este aspecto, como la de clasificar los centros según los resultados académicos que obtenga el alumnado, suponen de hecho que las administraciones delegan en los centros las responsabilidades que les competen, impulsando –innecesariamente- una competencia desleal de consecuencias imprevisibles para la equidad del sistema.

CCOO no comparte la idea de la dirección escolar que se infiere de la lectura del anteproyecto como una función unipersonal sino que entiende que debe ser colegiada, por lo que discrepamos de las excesivas las atribuciones que se le otorgan, al margen de claustro y el Consejo Escolar.

CCOO también rechaza la reducción del Consejo Escolar a un órgano puramente consultivo -ahora es el órgano de gobierno de los centros- lo que supone apartar tanto al profesorado como a padres y madres del gobierno de los centros educativos.

El Ministerio pretende conceder un poder absoluto a los directores de los centros en relación con la gestión de personal, anulando de este modo los principios de igualdad, mérito y capacidad y fomentando un clientelismo perverso por parte del profesorado, además de ser los responsables únicos en la admisión del alumnado.

Por otra parte, resulta cuando menos curioso que después de acusar permanentemente a la LOE de que se promocionaba de un curso a otro con materias suspensas, el anteproyecto no establezca modificaciones al respecto.

En definitiva, con esta reforma CCOO manifiesta que van a convertir la Educación en un negocio privatizando y externalizando servicios. "Es una ley sin financiación y con recortes en inversión, que ataca la integración y la coeducación, que rechaza la optatividad y la diversidad educativa, que apuesta por los despidos y los desplazamientos forzosos, que rompe con la educación inclusiva en contra de los informes internacionales, que apuesta por la segregación temprana con itinerarios a los 12 años, etc." manifiesta Pedro Manuel Vicente, secretario general de la FECCOO.

"Una Ley que olvida al profesorado y a la Comunidad educativa, que no contempla medidas de apoyo al profesorado, que olvida al personal de apoyo y que niega la participación de la comunidad educativa" concluye Vicente.