Oscar Wilde dejó escrito que "conocen el precio de todo y el valor de nada". Algo de esto debe ocurrir con la decisión de la Consejería de Economía y Hacienda de subastar parte de su patrimonio inmobiliario. Para la gente que ha trabajado durante años en los centros sociales del IMAS, el precio de tasación de la residencias de El Peñasco e Isla Plana puede resultar una incógnita pero no su valor (humano, social, solidario). Todavía los afiliados a CCOO del Organismo Autónomo recuerdan la información publicada en La Verdad, de 15 de agosto de 2007, con el título "Política Social quiere que el centro de El Peñasco funcione todo el año". Durante muchos años ambas residencias fueron lugar vacacional, las llamadas colonias, de los usuarios de los centros de discapacitados y personas mayores (Churra, El Palmar, La Vaguada, Cieza, López-Ambit, Luis Valenciano), con un valor añadido en calidad de vida para dichas personas que nunca se podrá calibrar pero que, no nos cabe duda, será recordado durante muchos años por sus padres y madres.

Es fácil tasar y malvender. Se va a hacer en próximas fechas. Ninguno de los dos centros perteneció por desgracia al INSERSO antes de las transferencias de 1995. Si hubieran pertenecido, su venta hubiera resultado imposible porque el Real Decreto 649/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) "adscribe a la Comunidad Autónoma de la región de Murcia los bienes patrimoniales afectados al Instituto Nacional de Servicios Sociales" (Letra F del Anexo, BOE, 26 de mayo de 1995) manteniéndose como titular de los bienes inmuebles la Seguridad Social (Relación 1, Anexo, BOE de 26 de mayo de 1995). Esta limitación de la Administración Regional le habrá impedido vender, deducimos, la Residencia de Personas Mayores de Los Dolores de Cartagena, cerrada hace años.

Pero por desgracia, las Residencias de Isla Plana y El Peñasco fueron traspasadas mediante Reales Decretos 1113/1984, de 20 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de protección de menores (BOE, de 13 de junio de 1984) y 251/1982, de 15 de enero, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a Entes Preautonómicos en materia de Servicios y Asistencias Sociales (BOE, 15 de febrero de 1982) respectivamente. Hubo traspaso de los bienes, no adscripción como en el caso del INSERSO, por lo que la Administración Regional puede ahora disponer de dichos inmuebles para malvenderlos. Su venta supone, como en el resto de los bienes inmuebles subastados, un fracaso de las previsiones de futuro que establecían los reales decretos de traspaso de competencias, que no eran otras que una mejora de los servicios prestados y una mayor cercanía de la administración con los usuarios de los servicios traspasados. En relación a la venta de El Peñasco e Isla Plana, debemos añadir que el fracaso se ha producido en un área tan sensible como el de los servicios sociales que trabaja con los colectivos más necesitadas de apoyo y solidaridad social.

El Sector de Administración Autonómica y las personas que trabajan en los centros sociales del IMAS, afiladas o no a CCOO, saben de la importancia de ambas residencias para la política regional de servicios sociales y la pérdida que va a suponer en recursos y en calidad de vida para las personas discapacitadas.

Es cierto, como escribió Oscar Wilde "conocen el precio de todo y el valor de nada". La venta de ambas residencias lo confirma. El precio de salida de la Residencia El Peñasco es de 5.437.218 € y el de la Residencia de Isla Plana de 5.029.846,80 €, muy por debajo de su valor real en opinión de expertos consultados, a pesar de la crisis, y sin contar que ese valor real incluye, entre otros intangibles, la calidad de vida prestada a sus usuarios y la satisfacción del trabajo bien hecho, que es inconmensurable y solo las y los empleados públicos que han trabajado en los centros sociales del IMAS y en sus colonias veraniegas pueden intuirlo, aunque solo sea remotamente. Precisamente las personas que no han sido consultadas por los responsables de la Consejería de Economía y Hacienda.

Desde el Sector de Administración Autonómica de CCOO creemos que la Consejería de Economía todavía puede y debe reconsiderar su decisión.