El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, junto a los representantes de Políticas Sociales del partido Enrique Ayuso, Amparo Marzal, José María Herrera y Teresa Rosique, mantuvieron esta semana un encuentro las asociaciones de ayuda a los inmigrantes Cáritas, Columbares, Cepaim, Murcia Acoge, EAPN, Oblatas, Proyecto Abraham, Ruminhaui, Accem, Convivir sin Racismo, CC.OO y UGT, "para abordar las consecuencias de la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación de irregularidad".

Los participantes en la reunión manifestaron su rechazo frontal a la nueva normativa aprobada por el Gobierno central el pasado mes de julio y exigieron su retirada inmediata. Para las asociaciones, y para el PSOE, "la medida es profundamente injusta con los inmigrantes sin papeles, al tiempo que estimula en la población una respuesta xenófoba hacia los más débiles, al responsabilizarlos de la crisis".

Tanto González Tovar como las asociaciones pusieron de manifiesto que en cada comunidad autónoma la norma del PP se aplicará de una forma diferente. "Habrá comunidades que la apliquen completamente; otras salvarán de la retirada de la tarjeta a algunos grupos de población; y otras, como Andalucía o Galicia, han manifestado que no la aplicarán, lo que provocará desconcierto en el personal sanitario y en la población en general".

El Estado no ahorrará dinero

Para los representantes de las asociaciones de inmigrantes, lo de que se ahorrará dinero es "una mala excusa" de Rajoy, pues producirá el efecto contrario: se colapsará el servicio de urgencias, lo que encarecerá los tratamientos, pues urgencias, por protocolo, utiliza métodos de diagnóstico más caros.

"La retirada de la tarjeta se ha tomado sin el acuerdo de los profesionales sanitarios, que se están manifestando masivamente en contra, y sin hacer ninguna consulta a las asociaciones que llevan años trabajando con la población inmigrante", criticaron.

Las asociaciones informaron a Tovar de que van a iniciar una campaña explicativa de las consecuencias de la retirada de la tarjeta, y de que van a utilizar todos los cauces de denuncia para forzar su retirada por parte del Gobierno de Rajoy. También han pedido al Gobierno regional que se niegue a aplicar esta medida, como así ocurre ya en diferentes Comunidades.