Tal y como están planteados, dentro de un marco de democracias mayoritarias, definitivamente son cualquier cosa menos operativos y sobre todo no son, democráticamente hablando, representativos de las distintas sensibilidades sociales . La forma en que se eligen el poder ejecutivo y legislativo en este tipo de democracias es la mejor manera de cargarse la separación de poderes, el ejecutivo o también llamado Consejo de gobierno, es nombrado por los diputados regionales o sea, el legislativo, por lo tanto no existe separación real y no es elegido de forma separada por los ciudadanos. La representatividad de este tipo de gobiernos es ridícula, en la mayoría de los casos los dos grupos mayoritarios son opuestos irreconciliables y tienden a buscar la mayoría uniéndose a grupos minoritarios, esto en la práctica supone que el Consejo de gobierno está formado por la minoría más voluminosa junto a una minoría necesaria para alcanzar al menos la mitad más uno. El resto de representantes, que supuestamente son la voz de la mitad menos uno de la sociedad, quedan excluidos de las tareas de gobierno y normalmente pasan los cuatro años de la legislatura calentando los sillones de sus respectivos parlamentos. Eso si, llevándoselos calentitos a casa cada final de mes.
De los 1268 diputados autonómicos, la mitad en un análisis generalista, van a pasar sus legislaturas como elemento decorativo en sus respectivos parlamentos. Sus votos siempre serán menos que los de la mayoría de turno y por lo tanto cada votación es solo un ritual con final conocido. Un ritual muy caro por cierto. Uno de los errores del sistema político español es su igualitarismo, todos los territorios están obligados a una forma de gobierno consistente en crear parlamentos autonómicos formados por un número distinto de parlamentarios autonómicos que varía según la población del territorio. Es una forma de gobierno ineficaz y carísima, en cifras el Congreso y el senado nos cuestan anualmente unos 197 millones de € mientras que los parlamentos autonómicos cuestan al año 392 millones de €, casi el doble que el Congreso y Senado juntos. Así mismo, el coste de cada uno de los 1228 diputados autonómicos (sumando sus nominas y los gastos corrientes del funcionamiento de sus parlamentos) nos viene saliendo por unos 319.200 millones € al año mientras que el de los diputados de la Cortes Generales sale por unos 238.376 millones €. En concreto en el Congreso de los Diputados el coste unitario por escaño es de 262.000 mil euros, y de 207.293 mil € en el caso del Senado. ¿Es necesario mantener un sistema tan caro e ineficaz? La mayoría de las legislaturas en los parlamentos autonómicos son una auténtica pérdida de tiempo, una vez que se ha consolidado una mayoría absoluta o relativa todo el programa de gobierno lo marca la mayoría dominante y el papel de la oposición es el de un Pepito Grillo al que no se le hace caso.
Tendría sentido que existieran esos parlamentos autonómicos si los Presidentes fueran elegidos separadamente de dichos parlamentos por los ciudadanos. Tendría sentido la existencia de un parlamento autonómico si esos consejos de gobierno se formaran por el presidente elegido y por los representantes de los distintos partidos políticos atendiendo al porcentaje de votos sacado por cada uno de ellos. Entonces y solo entonces, tendría sentido que hubiera un parlamento al cual someter la política de los Consejos de gobierno. Tendríamos un Consejo de gobierno más representativo de las distintas sensibilidades sociales y unos parlamentos abocados a una verdadera negociación para conseguir encontrar puntos de acuerdo entre las distintas ideologías. Todo esto tiene un nombre, se llama democracia consensual, está inventada hace tiempo pero es un estadio superior de democracia donde los actores tienen que haber evolucionado desde la concepción primitiva de la mayoría manda, al sentido común del vamos a buscar la mejor solución entre todos.
De todas formas, en países donde existen Senados hay una forma más práctica de gobernación, más eficiente y sobre todo, más barata. Basta con que los Consejos de gobierno elegidos de manera consensual como hemos expuesto antes, sometan sus políticas a la aprobación del senado donde saldrán adelante, sin ninguna duda, siempre que esas políticas no vayan en contra de los intereses y los derechos de los ciudadanos de otras regiones. Sería un foro democrático donde poner en común ideas que pueden ser buenas para los distintos territorios y además, una manera de coordinar las políticas de los distintos gobiernos locales que servirá para vertebrar mejor a la nación.
No es pues una cuestión, como apuntan algunos dirigentes políticos, de que haya más o menos diputados o de que cobren solo dietas por asistir a los plenos, la verdadera cuestión es que verdaderamente su función sirva para algo productivo y si es posible, que encontremos una forma de gobernar las regiones más práctica y razonable.
Juan José Molina Gallardo
Portavoz Nacional de PRDE