El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha expresado el rechazo de su partido a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Sánchez ha mostrado su preocupación por la  situación de desatención sanitaria en la que quedarán a partir de mañana los 20.000 “sin papeles” que hay en la Región, tras la entrada en vigor de la medida del Gobierno que va a ejecutar la Consejería de Sanidad.

“Es una auténtica “expropiación” de los derechos básicos de las personas  que han llegado a la Región en busca de un trabajo y de mejores condiciones de vida. Y, precisamente, se dirige a un sector social de la población de gran vulnerabilidad”, ha señalado.

Del mismo modo, Sánchez también ha manifestado el rechazo de UPyD al posible cobro de de una tasa anual de unos 700 euros a los inmigrantes irregulares, para recibir atención sanitaria den la Región. “La tasa que se ha establecido para recibir atención médica es de una cuantía que será inasumible para la mayoría de los “sin papeles”.

Sánchez ha recordado la norma del Gobierno, que ha modificado la Ley de Extranjería por la que a los inmigrantes ya no les bastará con estar empadronados para obtener la tarjeta sanitaria.

El coordinador regional de UPyD ha mostrado su preocupación por la generalización de políticas “de restricción y de retroceso de derechos básicos”, como la atención sanitaria universal,  “que está aplicando un Gobierno del PP que se dice de centro reformista.” En este sentido, Sánchez ha afirmado que “es mezquino e irresponsable” cebarse en plena crisis con personas que apenas pueden defenderse y en riesgo de terminar convertidas en “chivos expiatorios” del malestar social. “Esto, y no otra cosa, es  populismo.”

Además, Rafael Sánchez también ha cuestionado que la medida de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, suponga un ahorro real y una reducción significativa  del déficit, y ha señalado que los profesionales de la sanidad ya han indicado que puede ocasionar problemas de masificación en Urgencias y de salud pública, al no garantizarse la atención regular a los inmigrantes que padecen enfermedades crónicas.