IU-Verdes ha emplazado hoy al Gobierno regional a "tomar ejemplo" de comunidades autónomas que mantendrán la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular, porque entiende que restringir el acceso a la sanidad supone "un atentado a la defensa de los derechos humanos".

Pedro Marset, miembro del Consejo Político Regional de IU-Verdes, ha indicado que la medida del PP dejará "desamparado" a uno de los colectivos más desfavorecidos, la población inmigrante, por lo que ha urgido a la Comunidad a que siga prestando este servicio.

Por otro lado, Marset se ha referido al descenso del gasto farmacéutico en la Región de Murcia el pasado julio por la implantación del copago, y ha interpretado este dato como "un retraimiento perjudicial a la recuperación y estabilidad de los enfermos", sobre todo de los crónicos.

En este sentido, ha recordado que la Región de Murcia es la tercera comunidad con las pensiones más bajas (732 euros frente a 831 de la media española), y con el mayor índice de pobreza (35,9 por ciento y 39,4 infantil), sobre todo entre la población inmigrante (12,5 por ciento).

"La otra cara de la moneda lo da el abusivo aumento de la participación en la factura farmacéutica de la población más necesitada, es decir, colectivos de crónicos y sectores en riesgo de exclusión social, que ha llegado al 36 por ciento".

Servicios públicos para ricos y pobres

Ha destacado el "abuso que supone el que durante meses sean los colectivos más débiles los que financien el gasto farmacéutico hasta que se realice la devolución de lo adelantado en las recetas", y ha asegurado que "a la vista de los usos del PP es lícito dudar de la prontitud de tal devolución, pasando a engrosar la larga lista de impagos". Para Marset, si esta situación "es el ideal que tiene la consejería de Sanidad y el gobierno de Mariano Rajoy con su privatización es claro que nos encaminamos hacia una dualización de los servicios públicos y de la sociedad, para ricos y para pobres".