Región

El Gobierno impulsa la mejora en la calidad de los servicios que la Administración presta al ciudadano

El Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa prevé una evaluación de los servicios públicos de la Comunidad

La Comunidad Autónoma pondrá en marcha un sistema de evaluación a la Administración regional, según se recoge en el proyecto de Ley de Fomento Económico, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad, que permitirá mejorar el funcionamiento y la calidad de los servicios al ciudadano.

El objetivo es realizar una gestión de la Administración más eficaz, ágil y transparente, fomentando la cultura de la responsabilidad y control de la gestión pública mediante la autoevaluación de los órganos administrativos.

Mediante una evaluación de la consecución de resultados, se obtendrá información sobre el nivel de desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados, según unos indicadores de calidad establecidos en cada departamento. Esta información permitirá decidir sobre la necesidad de incrementar la transparencia o el grado de eficacia administrativa de los servicios.

Asimismo, se crea el Observatorio de la Calidad con el fin de desarrollar y extender métodos y prácticas relacionados con la simplificación o agilización de los procedimientos, además de servir para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la calidad prestada en los servicios públicos.

Así, como explica el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, todos los organismos y servicios de la Comunidad Autónoma estarán obligados a adoptar cartas de calidad o compromisos de mejora de calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Estos deberán traducirse en mejoras concretas y perceptibles por los usuarios.

Girarán en torno a la celeridad en la resolución de las solicitudes que se presentan, simplificación de la documentación, para que se aporte aquella que sea estrictamente necesaria, a la eliminación de aquellos trámites que no sean imprescindibles o las garantías de no aportación por el ciudadano de cualquier documento que obre en poder de las distintas administraciones públicas, ya sea central, autonómica o local, a través del impulso de la plataforma de interoperabilidad, que permitirá la conexión de las distintas administraciones.

Estas cartas y compromisos estarán sometidos a inspecciones periódicas, en las que se auditará y evaluará el grado de cumplimiento de los mencionados compromisos.

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