Así se han expresado esta mañana en rueda de prensa los portavoces de la presidencia de IURM, José María Ortega y Esther Herguedas.

José María Ortega ha considerado la propuesta de la CCAA como un recorte que sumar en otro servicio público básico, que de nuevo se ceba en las familias más afectadas por la crisis. También ha indicado que no será el último, de los realizados por el gobierno regional Ortega y ha lamentado que sean los ciudadanos los que terminen pagando las consecuencias del desencuentro y la mala gestión de las distintas administraciones del PP.

Por su parte Esther Herguedas ha expresado el radical rechazo de su organización al mal llamado "Plan de Optimización" del transporte público, que en realidad supondrá un fuerte golpe al transporte urbano en Murcia que se quedará bajo mínimos.

La portavoz de IU-Verdes ha señalado que este plan es rechazable por su contenido: suprime líneas y frecuencias y aumenta precios, pero también por la forma en que ha sido presentado, al abrirse el plazo de exposición pública con "nocturnidad y alevosía", en pleno mes de agosto- precisamente el plazo de alegaciones termina hoy-. este hecho ha sido calificado por Herguedas como antidemocrático.

Los representantes de IU-Verdes han calificado de bochornoso el espectáculo de la administración local y autonómica, dirimiendo sus diferencias en los medios de comunicación en lugar de abrir un debate en el ámbito de la Entidad Pública del Transporte.

Para IU-Verdes, la cuestión de fondo es que la administración no cree en la movilidad como derecho, por eso, en lugar de potenciar el servicio, lo condena a desaparecer.

Por todo ello la coalición ha anunciado su oposición al "Plan de Optimización" tanto en la Asamblea Regional, donde ya ha pedido la comparecencia del consejero Sevilla, como en el propio Ayuntamiento. También han expresado su apoyo a las movilizaciones ciudadanas que sin duda se producirán. Finalmente han anunciado una campaña en el municipio en la que además de informar sobre estos recortes y sus consecuencias, exigirá la apertura de un proceso de participación y debate encaminada a avanzar de forma progresiva hacia un cambio de modelo mediante la gestión pública del servicio de transporte público.