En la actualidad existen un total de 76 sentencias en las que los tribunales establecen que existe responsabilidad por parte de la Administración regional al haber realizado repetidamente contratos administrativos para trabajos ordinarios de administración pública. Por este motivo, el Partido Socialista de la Región de Murcia exige que los responsables de estas infracciones corran con los costes de los despidos ilegales y que, en ningún caso, recaigan sobre los ciudadanos.
"Ante la situación producida por la repetida ilegalidad en la contratación de trabajadores como asistencias técnicas en la Administración regional, los socialistas exigimos a los responsables que paguen ellos por sus infracciones", ha explicado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, quien ha añadido: "Se obligaba a la gente a hacerse autónoma y se les encomendaba un trabajo de naturaleza funcionarial. La ciudadanía no tiene por qué pagar el coste de este comportamiento ilegal por parte de la Administración regional".
De las 76 sentencias 49 son despido improcedente, dos son despidos nulos, siete son despido nulo por contratación ilegal de trabajadores y once son despido improcedente por contratación ilegal. En todas ellas lo primero que está acreditado es que la administración regional hizo contrato administrativo cuando la relación era laboral.
"Es de suma gravedad, además, la cesión de trabajadores. Una cesión ilegal que está tipificada como delito y que conlleva una sanción grave. Nos preguntamos quién sanciona al sancionador ya que es la Administración regional la que tiene capacidad legal de sancionar la contratación ilegal". Por lo que García Retegui se pregunta si la Administración regional ha iniciado ya expediente y si se sancionará a si misma por haber contratado a trabajadores ilegalmente.
García Retegui ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ya denunció esta situación y presentó una batería de iniciativas a la Asamblea Regional preguntando por el número de sentencias de despido nulo, despido nulo por cesión ilegal de trabajadores y despido improcedente por cesión ilegal de trabajadores, así como el coste que esto supone para las arcas regionales: "La primera pregunta tiene respuesta en esas 76 sentencias, pero aún esperamos saber el coste que acarrean para las arcas regionales estas contrataciones ilegales, cesiones ilegales de trabajadores y despidos irregulares".
Cabe recordar también que en los considerados despidos nulos los trabajadores han de ser readmitidos en la Administración regional. Además, en todos los despidos la Administración regional está obligada a abonar la indemnización por despido, los salarios de tramitación y cuatro años de Seguridad Social para regularizar a estos trabajadores, algunos de los cuales llevaban entre 12 y 15 años en situación irregular.
"¿Cuántos expedientes se han abierto? ¿Cuántas sanciones se han producido? ¿Cuánta reclamación de responsabilidad en cumplimiento de la recomendación del Tribunal de Cuentas y de la resolución del Congreso de los Diputados?". La portavoz socialista se ha sumado a estas recomendaciones y ha recordado que, según la resolución a fecha 18 de enero de 2011 del Congreso de los Diputados, "en caso de incumplimiento de la normativa vigente, deben exigirse las responsabilidades que en cada caso procedan".
Por ello, el Partido Socialista exige que los responsables de estas graves infracciones paguen los costes evitando que sean los ciudadanos los que paguen la ilegalidad de la Administración regional: "Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a presentar una moción en Asamblea Regional para reclamar las solicitudes no contestadas y vamos a dirigirnos a la inspección de trabajo para instar a que exijan esas responsabilidades".
Por último, Begoña García Retegui ha informado de la existencia de numerosos casos similares cuyas sentencias están pendientes y ha recordado que la indemnización por despidos improcedentes no ha sido abonada aún a los trabajadores.