El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de fomento económico, simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos, cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento y eficacia de la Administración y contribuir al desarrollo económico.

Con la simplificación administrativa se eliminan cargas administrativas innecesarias, para lo que se suprimirán aquellos trámites que no añaden valor al expediente y se evitará solicitar documentos que ya se encuentren en la propia Administración.

La aplicación de estas medidas supondrá una reducción de la documentación requerida y una mayor transparencia e información para el administrado, además de acortarse los plazos para la conclusión de los trámites.

En el primer año de aplicación de esta Ley serán más de 1.300.000 los documentos que no se solicitarán, por lo que la Consejería de Economía y Hacienda prevé reducir un 55 por ciento el tiempo medio de tramitación de expedientes, y disminuir un 60 por ciento el coste de las cargas burocráticas a empresas y ciudadanos.

El objetivo es conseguir una Administración electrónica efectiva, que suponga un ahorro económico y una reducción de plazos a través del fomento del uso de las tecnologías en sus relaciones con empresas y ciudadanos.

El anteproyecto incluye un capítulo específico de impulso económico, para favorecer el desarrollo de las inversiones clasificadas como proyectos estratégicos.

Asimismo, el anteproyecto regula un sistema de evaluación a la Administración regional, que impulsará la cultura de responsabilidad y control de la acción pública mediante un seguimiento de la consecución de resultados y la implantación de indicadores de calidad en todos los departamentos.