El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy que los empleados públicos no puedan permanecer en servicio activo una vez que hayan cumplido la edad de jubilación, una medida coyuntural que responde a la contención del gasto público de la Administración regional.

La medida se aplicará a los empleados públicos en todos los ámbitos de la Administración, con determinadas excepciones, y con una vigencia temporal de dos años desde la entrada en vigor de la Ley de ajuste presupuestario, el pasado 29 de junio.

El acuerdo establece que los empleados que actualmente tengan autorización para prolongar su vida laboral, ésta finalizará el 31 de agosto para los docentes, y en un plazo máximo de nueve meses para el resto del personal.

Se consideran casos excepcionales, a título individual, aquellos empleados que lo necesiten para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, y sólo por el tiempo imprescindible para ello, o el personal investigador de reconocido prestigio en la comunidad científica.

Asimismo, se citan también como excepciones aquellos empleados especialistas que ocupen un puesto con necesidad de cobertura y que quedaría vacante en caso de su jubilación.

En el ámbito sanitario, aquellos profesionales que hayan desempeñado jefaturas de servicio o unidades de similar responsabilidad durante los últimos cinco años, y dirijan programas sanitarios de interés estratégico para la organización asistencial, podrán también prolongar su vida laboral.

Los empleados cuya prolongación de actividad forme parte de estos casos excepcionales disponen de dos meses de plazo desde la entrada en vigor de este acuerdo, para solicitar la permanencia en esta situación.