La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui y la diputada regional, Teresa Rosique han denunciado que Valcárcel y el PP de la Región de Murcia "atracan" el bolsillo de los dependientes y sus familias con la Ley de Acompañamiento que van a traer a la Asamblea.

Begoña García Retegui señaló que Valcárcel "ha mentido a los ciudadanos al decirles que garantizaban el Estado del Bienestar, pero se les olvidó decir que era el suyo y el de los bancos".

Dictamen del CES

Según el dictamen del Consejo Económico y Social "el hachazo que va a pegar el PP a la Ley de Dependencia supone un desproporcionado impacto en los dependientes más necesitados y sus familias y un retroceso en el nivel de protección de la Ley de Dependencia con un incremento generalizado de pago, copago y repago que perjudicará, principalmente, a las rentas más bajas".

El Consejo Económico y Social concluye que se da un trato discriminatorio a los dependientes de la Región de Murcia y que se vulnera el principio de igualdad material. Es decir, "los dependientes de la Región de Murcia tendrán que pagar más por los servicios y van a recibir menos ayudas de los gobiernos del PP".

Por su parte, la diputada Teresa Rosique agregó que está claro a la vista de los recortes que "el PP no sabe cómo quitarse de encima la Ley de Dependencia".

La diputada denunció que el PP quiere hacer trampa a la Ley recortando los baremos. "Lo que pretende el PP es entrar a saco en el bolsillo de los dependientes. Tal y como se recoge el Dictamen del CES, las medidas contempladas en la Ley de Acompañamiento se pueden resumir de la siguiente manera:

-El aumento generalizado de la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones superando los límites mínimos establecidos en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El incremento del copago afectará al Servicio de Atención en Residencia, cuyo tope máximo de copago pasa del 90 al cien por cien del precio de referencia, en aquellas personas cuyos ingresos sean iguales o superiores al coste del servicio. También afecta a los centros de Día y Noche, que pasan como límite máximo del 65 al 90 por ciento. La Teleasistencia deja de ser gratuita para todos; sólo lo será para aquellos cuyos ingresos estén por debajo del IPREM. Por su parte, el servicio de ayuda a domicilio incrementa el copago en un 150 por cien.

Entre las medidas que van a afectar a un mayor número de dependientes está la que se va a aplicar a las denominadas ayudas económicas en el entorno familiar. Estas ayudas no podían ser inferiores al 75 por ciento de las cantidades que se establecían a nivel nacional; ahora ese límite lo fijan en el 10 por ciento. Esto afectará a más de 22.000 personas que, a día de hoy, reciben esta prestación, que supone el 58 por ciento de las prestaciones que en materia de dependencia existen en la Región.

- En el caso de los servicios, se verá reducida la parte de la renta mensual que se deja de libre disposición a los beneficiarios para hacer frente a sus gastos personales. Las personas que tenían una plaza de residencia había que garantizarles de sus ingresos, como mínimo, 120 euros para sus gastos personales. Ahora sólo se les garantizará 90 euros.

- Se ampliará la aplicación del copago a todos los beneficiarios, incluidos aquellos a quienes ya se les había reconocido grado protegible o, al menos, habían presentado la solicitud, en la fecha de la entrada en vigor del Decreto 126/2010. Cuando la CA aplicó el copago en dependencia, en 2010, todas las personas que ya tenían prestación o la habían solicitado con anterioridad quedaban exentas del copago. Ahora también a ellas se les va a aplicar.

- En cuanto al régimen de compatibilidades entre distintas prestaciones, los servicios que actualmente son compatibles con la prestación económica por cuidados familiares (con el límite del 25%) –es decir, el servicio de promoción de la autonomía personal de intensidad especializada y el servicio de centro de día/noche, (en ambos casos, solo para beneficiarios con grado II o III)- dejarán de ser compatibles con dicha prestación económica. "Esto es un auténtico varapalo para el entorno familiar de personas de los grandes dependientes. Con esto, el Gobierno regional quiere ignorar que el día tiene 24 horas y que los grandes dependientes siguen siéndolo cuando salen de los centros de Día. Por tanto, necesitan seguir recibiendo esa atención en su entorno familiar, un entorno que tiene derecho a una prestación económica para poder hacer frente a este tipo de necesidades".

- Por último, la Ley de Acompañamiento establece que en caso de fallecimiento de una persona dependiente, habiendo transcurrido más de seis meses desde la solicitud sin que se haya reconocido el derecho de acceso a las prestaciones del SAAD, no se abonará cantidad alguna a los herederos en concepto de prestaciones económicas causadas y no percibidas por su titular hasta la fecha del fallecimiento. "El Gobierno regional, que está incumpliendo sistemáticamente el plazo de 6 meses que la ley le da para resolver esos expedientes, les dice a las familias que cuando él incumpla, ellos no recibirán las prestaciones que por derecho les corresponden", denunció Teresa Rosique.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que "hoy es un mal día para las personas en situación de dependencia y sus familiares. Queremos manifestar el rechazo más absoluto a estas medidas. No aceptamos de ninguna manera estos recortes, estos hachazos y esta laminación del Estado del Bienestar", concluyó la diputada.