IU-Verdes ha presentado una resolución al debate del estado de la Región en la que reclama al Consejo de Gobierno que exija al Ejecutivo de la Nación el pago de la deuda histórica contraída por el Estado con la Comunidad a través del abono fraccionado de la misma, a razón de 430 millones de euros al año, hasta completar el montante total, que asciende a unos 4.300 millones de euros.

El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha indicado que la materialización de esta propuesta haría innecesarios los recortes aplicados en materia de servicios públicos básicos y supondría dar efecto a una petición "olvidada" por el Partido Popular en la actual legislatura pero que sí reclamó "hasta la saciedad "en la anterior, cuando presidía el Gobierno el PSOE.

Pujante ha elevado una resolución orientada al pago del Plan Lorca, que el propio PP cifró en 1.650 millones de euros, con el fin de garantizar la recuperación y reconstrucción integral de la ciudad y la puesta en funcionamiento de los institutos Ros Giner y Ramón Arcas para el curso escolar 2013-2014, así como el centro de salud Lorca Centro y el complejo deportivo Europa, dañados por los seísmos.

También ha solicitado incrementar al máximo legal las posibilidades fiscales de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, y del tramo autonómico del IRPF a las dos últimas escalas de la renta, creando un tramo intermedio entre los dos últimos para aumentar la progresividad y obtener más ingresos públicos con los que generar empleo y garantizar los servicios básicos.

Ha pedido, asimismo, la creación de una banca autonómica para suministrar crédito a los ayuntamientos y pequeñas empresas, y de una oficina regional de intermediación que evite los desahucios aplazando el pago del préstamo a través de un aval público, en tanto la unidad familiar no se encuentre en disposición de reanudar el pago de su hipoteca.

Otras de las propuestas de resolución presentadas por IU-Verdes son el impulso de las medidas necesarias en materia de protección social para combatir la desigualdad y la pobreza, y el cierre "inmediato" del vertedero de Abanilla, por "irregularidades" en la gestión de residuos y el fuerte impacto medioambiental y social que provoca su actividad.

Ha destacado la necesidad de que el Gobierno regional asegure los servicios prestados por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y la restitución "inmediata" de los servicios de urgencias de poblaciones como Librilla, Campos del Río, Portmán y La Parroquia, en Lorca, al tiempo que ha reclamado el impulso de las políticas de juventud en materia de empleo, universidad, emancipación y vivienda.

Pujante también ha exigido el mantenimiento del personal interino de la Comunidad Autónoma; la derogación de los decretos que regulan los planes de ajuste; la realización de un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y la búsqueda de la convergencia con los sindicatos de la función pública para alcanzar una salida negociada a la crisis presupuestaria.

Además, ha realizado sendas resoluciones dirigidas a la flexibilización del objetivo de déficit público de la Región, vinculándolo al nivel de deuda pública; la creación de una comisión de investigación del sistema financiero en la Comunidad, y la puesta en marcha de un modelo productivo basado en la sostenibilidad.

En este punto, ha expresado su rechazo a la construcción de una dársena de contenedores en El Gorguel y ha reclamado una moratoria urbanística de Marina de Cope hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley del Suelo de la Región de Murcia.