El informe de la CSI sobre "Violación de Derechos Sindicales en el Mundo, 2012" sitúa al gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia entre los que han derogado acuerdos alcanzados en la negociación colectiva y restringido derechos fundamentales como el de huelga imponiendo servicios mínimos abusivos; asimismo, el Informe señala la restricción de derechos sindicales al recortar las horas de dedicación sindical a los representantes sindicales y eliminar ámbitos de negociación.
El Gobierno de Valcárcel ha entrado a formar parte, como gobierno autónomo, del nada edificante grupo de gobiernos del mundo que viola y restringe derechos sindicales, deroga acuerdos alcanzados en el diálogo social y elimina ámbitos de negociación y diálogo con las organizaciones sindicales.
Esto es lo que se desprende del Informe sobre "Violación de los derechos sindicales en el Mundo, 2012" elaborado por la Confederación Sindical Internacional, CSI-ITUC, organización que agrupa a 175 millones de trabajadoras y trabajadores en 153 países y territorios, y cuenta con 308 organizaciones afiliadas nacionales.
El gobierno de Valcárcel aparece en el informe sobre España junto a los de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares a los que acusa de "incumplir compromisos" relacionados con los derechos sindicales, ya que estas autonomías redujeron el número de horas y personal dedicado a las actividades sindicales y eliminaron las instituciones encargadas de promover el diálogo entre sindicatos y empleadores en materias como la salud y la seguridad, vivienda, salud, etc.
El informe también hace referencia a la restricción de derechos fundamentales como el derecho a la huelga mediante la imposición de servicios mínimos abusivos, volviendo a figurar el Gobierno de la Comunidad de Murcia en el "exclusivo club" de los que cercenan este derecho en el Estado Español. Así mismo, habla del incumplimiento de las obligaciones contraídas entre el gobierno autónomo y las organizaciones sindicales en el ámbito de la negociación en el sector público.
CCOO y UGT han denunciado públicamente, y ante los tribunales, de manera reiterada esta situación, a la que se añade el desprecio por la negociación colectiva y el diálogo social del que tanto gustaba presumir hasta hace poco al presidente murciano.
Recientemente se ha hecho pública la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de una cuestión de inconstitucionalidad relacionada con el decreto de servicios mínimos impuesto por el Servicio Murciano de Salud con motivo de la Huelga General de 29 de septiembre de 2010.