La responsable de Universidad del Grupo Parlamentario Socialista, Esther Clavero manifestó que la aplicación del Real Decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, "es el último paso del ataque sin precedentes a las Universidades públicas".
Clavero expresó que se trata de un decreto que implica una subida desorbitada e inédita de las tasas universitarias, aumento de carga docente del profesorado, reducción de títulos y pérdida de autonomía de las Universidades, "que a partir de ahora van a estar poco menos que intervenidas".
Para la parlamentaria socialista "lo grave es que en nuestra Región, la Comunidad Autónoma adeuda decenas de millones de euros a la UPCT, UMU y UNED, lo que ha llevado a la asfixia a estas instituciones docentes públicas".
Deuda y recortes
A la deuda y a este decreto se suma, agregó la diputada, "el gran recorte en educación de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que suponen una reducción del 20% con respecto a los anteriores; se suma el posterior recorte de 3.000 millones de euros en educación, anunciado días después de los presupuestos por el Gobierno de Rajoy, junto al recorte en los Presupuestos de la CARM para 2012, lo que ha supuesto que la UPCT vea reducida su financiación en 6 millones de euros, y en 10,1 la UMU.
A esto hay que añadir los recortes del consejero Juan Bernal, que ha metido la tijera en 10,8 millones de euros para la UMU y en 4,2 para la UPCT". Y todo, con una deuda de 5,3 millones a las Universidades para el Campus Mare Nostrum, al que han dejado sin financiación para el futuro.
Esther Clavero indicó que el PP "aprovecha un momento de crisis para desarticular un sistema público universitario que no le gusta. Se excusan en la desviación del déficit para agredir de esta forma a las universidades, pero por una vez deben dejar de mirar culpables en gobiernos anteriores. Si finalmente deciden buscar culpables de la desviación de déficit encontrada, deben mirar hacia las comunidades autónomas como primeras responsables". Como ejemplo citó Madrid y Valencia, comunidades gobernadas por el PP que han ocultado sus datos de déficit.
El Grupo Parlamentario Socialista pide al consejero José Ballesta que deje la ambigüedad a un lado, que defienda a la comunidad universitaria y no consienta la campaña de desprestigio lanzada hacia los profesores y alumnos. Asimismo, la diputada le reclamó que escuche a los rectores, decanos, estudiantes; "en definitiva, que escuche a la calle y solicite formalmente la derogación del Decreto 14/2012 y si no está dispuesto, mejor que dimita".