IU-Verdes ha pedido al Ayuntamiento de Murcia que denuncie el contrato que mantiene con la empresa Ferroser, de Ferrovial S.A.,concesionaria del servicio de Teleoperación para la Sala del 092 de la Policía Local, por su "incumplimiento reiterado" de los acuerdos incluidos en el pliego de condiciones y las normas laborales vigentes.

La portavoz de la formación, Esther Herguedas, ha explicado que la citada empresa, que presta el servicio desde el 1 de abril de 2011, ha contratado al 80 por ciento de la anterior plantilla, pese a que está obligada a contratar al 90 por ciento, y además ha incumplido las condiciones salariales y laborales de los trabajadores pactadas de antemano. "Ferroser no respetar las condiciones salariales convenio y extra convenio ni los descansos establecidos por ley", ha asegurado Herguedas, tras lo que ha insistido en que la empresa "vulnera también los preceptos legales en cuanto a las condiciones de la jornada laboral, imponiendo horarios a los empleados superiores al legalmente establecido".

Ha indicado que la nueva concesionaria, ante la negativa de más de la mitad de sus trabajadores a suscribir un convenio en el que se les obligaba a renunciar a sus derechos laborales y se degradaban sus condiciones laborales, procedió a despedir a unos y a dificultar la vida laboral del resto.

Los trabajadores denunciaron los hechos ante la autoridad laboral e interpusieron una denuncia ante los juzgados. "Cuando un año después los juzgados fallan a favor de los trabajadores se ha producido una nueva ola de represalias por parte de Ferroser " ha declarado Herguedas.

"La empresa ha decidido ejecutar sus amenazas y ha despedido al resto de los trabajadores denunciantes que permanecían en la empresa, lo que finalmente eleva a trece los despidos.

Herguedas ha añadido que a pesar de tener conocimiento de estos problemas, el Ayuntamiento de Murcia, que "no ha hecho nada", a pesar de la incidencia negativa que este tipo de tensiones provoca en un servicio tan delicado y que exige un alto grado de profesionalidad como el de la atención del 092".

Además, con su actitud, la Administración municipal ampara a una empresa que, de manera clara, atenta contra los derechos de los trabajadores y contra su dignidad, convirtiéndose de esta manera en cómplice de la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan un servicio público.

Herguedas también ha reclamado al consistorio que convoque un nuevo concurso para contratar el servicio que recoja en el pliego de condiciones la necesidad contratar a todos los trabajadores que prestaban su servicio con la contrata anterior, "respetando sus derechos laborales, su antigüedad y categoría profesional".