La coordinadora de la ponencia Social, Violante Tomás, defiende que "la austeridad en el gasto público no debe frenar el avance de las políticas dirigidas a las personas más necesitadas"

La ponencia propone el impulso del reglamento que desarrolla la Ley Regional de Protección de Mujeres Embarazadas

Violante Tomás, coordinadora de la ponencia social que será expuesta en el próximo congreso regional del Partido Popular, ha defendido hoy que "la austeridad en el gasto público no debe frenar el avance de las políticas dirigidas a las personas más necesitadas".

La coordinadora de la ponencia ha defendido el mantenimiento de las inversiones al tiempo que ha declarado que "las políticas sociales están íntimamente ligadas al cumplimiento de los derechos humanos" y que cuando son políticas "bien orientadas" realizan una importante contribución a la reactivación económica.

Tomás ha subrayado, y así lo recoge en su ponencia, que el esfuerzo del Partido Popular por la mejora de los Servicios Sociales y por la implantación de la Ley de Dependencia deben conducir a la elaboración de una nueva Ley Regional de Servicios Sociales que responda a la situación social actual y que articule los recursos y servicios necesarios para atender a los colectivos que más lo necesitan.

El documento presentado por Tomás profundiza en cuestiones como la familia, la igualdad, la inmigración, las personas mayores, la discapacidad, la pobreza, la violencia de género, la educación y la sanidad, y propone actuaciones concretas para mejorar la atención a los ciudadanos en cada una de estas áreas.

En el área de Familia establece, entre otras cuestiones, la necesidad de seguir apoyando las medidas que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral "para que los padres puedan ejercer libremente su derecho a tener los hijos que deseen".

Además, propone la protección de la maternidad con el impulso del reglamento que desarrolla la Ley Regional de Protección de Mujeres Embarazadas y la agilización y actualización de los procedimientos de acogimiento y adopción.

En el área de Igualdad, Tomás considera que habría que hacer modificaciones profundas en relación a la pensión de viudedad "porque es mucho menor que la de jubilación y supone graves pérdidas económicas para las mujeres que pierden a sus maridos". La ponencia propone revisar los desequilibrios que merman el 48 por ciento de los ingresos al fallecer el cónyuge.

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Entre las actuaciones recogidas en la ponencia social, Tomás ha destacado el refuerzo de las actuaciones relacionadas con la pobreza, una cuestión que considera del máximo interés "dado que la situación económica ha intensificado las situaciones de vulnerabilidad y ha dado lugar a la aparición de un nuevo perfil de personas que, sin estar todavía en riesgo de exclusión social, carecen de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos cotidianos, principalmente los derivados de la vivienda".

En este sentido, se propone reforzar las políticas de colaboración administración-organizaciones del tercer sector "que tan eficaces se han revelado" para la asistencia a personas y familias en situación de necesidad o riesgo de exclusión, incrementando la protección en función de las situaciones sociales que se vayan presentando.

Tomás ha recordado que la Región de Murcia es la única que ha impulsado la creación de una mesa Tercer Sector-Gobierno Regional, que permite la interlocución directa de la Administración con las Organizaciones no Gubernamentales que colaboran en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En el área de Sanidad Tomás ha señalado que el Partido Popular apoyará una reforma del Sistema Nacional de Salud "que busque reforzar los criterios de cohesión del sistema, de equidad en el acceso a las prestaciones y de eficiencia en el funcionamiento de los servicios de salud, mediante un modelo equitativo, más justo, que tenga en cuenta la renta, donde aporte más el que tenga más y menos o nada quienes tengan menos".

La coordinadora de la ponencia ha explicado que se reforzarán también, entre otras cuestiones, las políticas educativas "para promover el esfuerzo, la responsabilidad, el mérito y la capacidad"; las medidas de prevención y de concienciación contra la violencia de género, y que se impulsará la colaboración de las distintas administraciones con los centros especiales de empleo para favorecer el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo.