El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia José Ignacio Tornel ha mostrado hoy su sorpresa por la doble publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de la licitación para contratar un servicio de coordinación, programación, funcionamiento y organización del centro de recursos juveniles "La Nave".
Dicha licitación se publicó en BORM de octubre 2011 (Exp. 538/2011 BORM N° 245 de 24 OCT 2011), por un importe de 240.000 euros. Posteriormente, se produce la publicación del mismo contrato en abril de 2012 (Exp. 862/2011 BORM N° DE 11 ABRIL 2012) por un importe esta vez de 297.360 euros.
Se da la circunstancia de que dicho servicio es desempeñado hasta ahora por Marco Antonio Fernández Esteban, candidato número 21 en la lista electoral del PP en las pasadas elecciones municipales, que también ocupa el cargo de alcalde pedáneo de Monteagudo y a la vez coordinador del centro social de la Universidad de Murcia.
IU-Verdes considera "injustificada" la exigencia de tres plazas para cubrir el desempeño de este servicio, toda vez que el resto de centros juveniles y culturales suele disponer de un coordinador. Tampoco existe informe técnico municipal que argumente la necesidad de las tres plazas para el centro juvenil La Nave.
Por otra parte, cree que existe en la actualidad suficiente personal funcionario en el ayuntamiento de Murcia para llevar a cabo el desempeño de este servicio en La Nave, como ha ocurrido anteriormente.
La privatización de este servicio público y el incremento del importe económico contradicen la política de austeridad que el equipo de gobierno municipal exige al resto de empresas que contratan con el ayuntamiento, a las que se ha obligado a reducir en un 20 por ciento su presupuesto, y al resto de ciudadanos, sometidos a subidas de impuestos y tasas.
Que esta privatización caiga en manos de cargos públicos del PP en estas circunstancias solo sirve para encender los ánimos del resto de ciudadanos, a quienes se nos aconseja buscar trabajo en Laponia si es necesario, mientras los allegados políticos del PP copan los servicios públicos privatizados.
IU-V reclama la paralización de este procedimiento y la aclaración de los extremos referidos a su importe económico.