La moción presentada hoy por el Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno de la Nación a modificar la Ley de Costas, dirigida principalmente a mejorar la protección de la actividad empresarial en las ciudades de playa, ha recibido el rechazo de la oposición.

La propuesta ha sido defendida por la diputada Alicia Jiménez, quien ha recordado que en estos momentos permanece vigente la Ley de 1988 "que no ha sido capaz de proteger adecuadamente el litoral ni de satisfacer los derechos de los ciudadanos, dado que no contempla la valoración de la realidad física, económica patrimonial y social de las propiedades afectadas, así como de las concesiones empresariales vigentes".

La diputada ha subrayado que el objetivo de su propuesta es "proteger y recuperar el litoral, compatibilizando la actividad económica con el cuidado del medio natural marítimo y terrestre, con el fin de ayudar a mantener los miles de puestos de trabajo que tal actividad proporciona en las ciudades costeras y proteger el medio ambiente".

Tal y como ha explicado Jiménez, las modificaciones de la Ley deberían centrarse, entre otras cuestiones, en las instalaciones de temporada en playas, "permitiendo la explotación durante un periodo de tiempo que supere la época estival y ampliando así su periodo de explotación y estudiando la posibilidad de autorizaciones anuales con instalaciones desmontables, que permitirían afrontar inversiones que mejorarían la calidad de los servicios prestados e impularían el rendimiento económico".

La modificación propuesta por el GPP incluye también la ordenación del espacio marítimo, de manera que sea posible compatibilizar la producción de energía, puertos, pesca, acuicultura, turismo y protecciones medioambientales y, a su vez, ser coherente con la ordenación del espacio terrestre colindante.

En su opinión, la modificación de la Ley adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que la actual normativa "ha pasado factura en nuestras costas dentro de los distintos municipios costeros de la Región en los últimos años", y ha puesto como ejemplos las demoliciones y retiradas de bares, restaurantes, chiringuitos y quioscos en distintos puntos de la Región como San Pedro del Pinatar, Cartagena, San Javier, Mazarrón o Águilas.