La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de la Región de Murcia Juan González rechaza las modificaciones anunciadas de la asignatura Educación para la Ciudadanía por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes. Para la federación esta materia se estudia en todos los centros educativos sin ningún problema y se imparte con total normalidad. La FAPA recuerda que inicialmente los sectores más conservadores de la Iglesia la rechazaron abiertamente y anunciaron la objeción a la misma, pero que una vez implantada han desaparecido todas las reticencias a la misma y ha demostrado su utilidad en nuestro sistema educativo.
Para la FAPA Juan González, esta asignatura contribuye a desarrollar la capacidad crítica del alumnado y a que éste conozca y respete los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su raza, sexo, orientación sexual, religión y cualquier característica social y personal. De este modo, explica, se complementa la adquisición de conocimientos académicos logrados en otras materias, con la de los valores y principios básicos de la convivencia ciudadana que esta asignatura trabaja.
La federación Juan González ha explicado que la inclusión de esta materia en el currículo escolar fue pedida por el Consejo de Europa, en 2002, y por la ONU, en 2004; impartiéndose en 19 países europeos. En ella, se abordan aspectos de ética pública necesarios para la formación ciudadana de nuestros jóvenes -los cuales son enseñados con profesores con la formación necesaria- como son los de tolerancia, cooperación, solidaridad, resolución pacífica de conflictos o igualdad de derechos y oportunidades.
Cambios en la educación secundaria
Por otra parte, la FAPA Juan González considera que los cambios anunciados en la ESO y el Bachillerato no van a solucionar el grave problema del abandono y fracaso escolar, si no que empeorarán nuestro sistema escolar al desviar muy tempranamente al alumnado con peores resultados hacia la Formación Profesional desprestigiando estos estudios.
Para la federación esta medida realmente busca extender los conciertos educativos con centros privados al Bachillerato, lo que perjudicará a los centros públicos al disponer de menos dinero. También critica que la propuesta, al no hacer coincidir el final de un ciclo educativo con la edad mínima para estar estudiando, los 16 años, dejará sin salida a aquellos alumnos y alumnas que a esa edad no quieran seguir estudiando, habiendo realizado un último curso sin ningún valor académico.