CC.OO. ha convocado una Asamblea Informativa para el próximo sábado, día 28, a las 10:30 en los locales de CCOO Calle Corbalán, 4, para evaluar la situación por la que están atravesando las personas extranjeras cuyos hijos/as se encuentran reagrupados a la hora de renovar su autorización de residencia y tras las propuestas que se aprueben, elevar las mismas al Delegado del Gobierno, a fin de darle una solución a la grave situación que están atravesando un colectivo importante de personas extranjeras en nuestra Región y cuyas víctimas principales son niños y niñas integrados ya en nuestra sociedad.

El hecho radica en que se les están denegando la renovación de las autorizaciones de residencia, dejándolos en la irregularidad y avisándoles de la obligatoriedad de abandonar el país en 15 días.

Ello viene motivado por una interpretación restrictiva de la Ley de Extranjería y su Reglamento que establece como condición para la renovación de las autorizaciones que el reagrupante disponga de recursos económicos suficientes, así como de una vivienda adecuada. Estas dos exigencias que en teoría no pasan por ser un disparate, ya que está en cuestión la protección del menor, sí que empiezan a parecerlo cuando no se tiene en cuenta la situación económica actual y se decide actuar contra los hijos de los inmigrantes menores de edad como si fueran los responsables últimos de la actual crisis económica.

Imaginemos que periódicamente recibiéramos un técnico del Ayuntamiento en nuestras viviendas pidiéndonos, el contrato, una habitación de tantos metros para tantas personas, diciéndonos que no podemos compartir piso, aunque nos encontremos en una situación económica difícil, etc. y si no es así no nos hacen el informe con lo que la administración le va a quitar el DNI a nuestros hijos, o de igual forma si coyunturalmente estamos parados o cobrando la ayuda familiar.

La propia Ley trata de minorar los efectos, aduciendo el interés superior del menor, e incluso la emisión de un informe positivo de la Comunidad Autónoma, pero la realidad es que las distintas administraciones regionales, Delegación del Gobierno, Oficina de Extranjería y Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración no han logrado establecer el sistema que impida que se produzcan estas tipo de aberraciones, sobre todo si consideramos que los padres son inexpulsables por ser residentes de larga duración.

Esta cuestión está suscitando una gran inquietud entre las personas afectadas, personas que ayudaron a crecer y florecer regiones como la de Murcia con su trabajo y esfuerzo durante décadas y que no pueden comprender como el estado de crisis y la situación por la que están atravesando de dificultades laborales se cebe en sus hijos.

El ejemplo más abrumador de esta situación la padecen los menores nacidos en España, hecho este que les favorece para obtener inicialmente su documentación pero que a la hora de renovar se les exige todo tipo de documentos, (informes de la vivienda, recursos económicos superiores al IPREM, etc), con lo que se les deniega y se les avoca a la irregularidad y la obligatoriedad de abandonar el país.