El Gobierno regional elimina más de 300 procedimientos que no aportan valor añadido o han dejado de tener vigencia en el proceso de simplificación administrativa

El consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, presidió hoy junto al consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, la reunión del grupo de trabajo del Proyecto de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas en la que se informó de la puesta en marcha de una Plataforma de Interoperabilidad que evitará a los ciudadanos, autónomos y pymes aportar hasta 15 certificados diferentes en sus trámites con la Administración, número que se irá ampliando en los próximos meses.

En concreto, esta plataforma, que ya ha sido desarrollada técnicamente y estará a pleno rendimiento en seis meses, permitirá que los funcionarios de la Comunidad obtengan de oficio los certificados de pensiones no contributivas, discapacidad, familia numerosa, certificados de instalaciones en materia de industria, estar al corriente de pagos de la Comunidad, así como con la AEAT y la Seguridad Social, DNI, residencia, prestaciones por desempleo, IRPF e IAE, alta en la Seguridad Social, titulaciones académicas o información catastral.

Marín indicó que "la puesta en marcha de esta herramienta, que conlleva acuerdos con el resto de administraciones y formación a los funcionarios, reduce considerablemente las cargas burocráticas, ya que son certificados que se solicitan en muchos de los 996 procedimientos con los que cuenta la Administración regional. Esto supone ahorro a los ciudadanos y al tejido productivo, así como a la propia Administración, que también reduce los tiempos de tramitación y respuesta".

Por su parte, el consejero Ballesta destacó "la importancia de que seamos más ágiles en las tramitaciones, ya que contribuiremos a que todo nuestro tejido productivo gane en competitividad y que dediquen sus esfuerzos a su verdadero objetivo, generar riqueza, bienestar y empleo de calidad".

La puesta en marcha de la Plataforma es un paso más en el proceso de simplificación administrativa, por el que se han eliminado más de 300 procedimientos que habían dejado de tener vigencia o que no aportaban valor añadido al administrado, además de su rediseño y unificación para solo requerir la documentación necesaria. Asimismo, "supone ser más eficaces y eficientes como Administración moderna, transparente y ágil y un salto cuantitativo y cualitativo hacia la Administración electrónica", añadió.

La estimación que maneja la Consejería de Economía y Hacienda es que a corto, medio y largo plazo el proceso de simplificación y 'e-administración' redunde en un ahorro de costes burocráticos y administrativos de más de 230 millones de euros y del 55 por ciento en los tiempos de tramitación.

En 2011 ya fueron 168 los procedimientos telematizados, que se ha traducido en el inicio de 66.508 trámites vía Internet, el envío de más de dos millones de mensajes de texto al administrado para informarles sobre sus solicitudes y la posibilidad de consultar casi 100.000 expedientes por los interesados.

Asimismo, el consejero agradeció en la reunión a los funcionarios que están trabajando en el proceso, así como a los agentes económicos y sociales su colaboración en este trabajo de modernización de la Administración y contó con su cooperación en la implementación de proceso y diseño de la Ley de Simplificación Administrativa.

Esta Ley recogerá el principio de 'declaración responsable' que supone un impulso a las relaciones administración-administrado, así como la plasmación en una normativa de todos los derechos y deberes que supone el proceso de simplificación y 'e-administración' en beneficio de los ciudadanos y del tejido productivo.