La Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia resolvió durante el pasado año un total de 404 reclamaciones, a través de otras tantas vistas que solucionaron las controversias de carácter mercantil suscitadas entre empresas y usuarios, unas veces dictando laudo y otras intermediando para que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio.

El citado órgano está integrado dentro de la estructura de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y se encarga de resolver las reclamaciones económicas que no excedan de 6.000 euros derivadas de cualquier contrato de transporte terrestre (mercancías o viajeros). También puede intervenir en reclamaciones que superen ese importe si hay pacto expreso en ese sentido, o las partes convienen en ello.

Además, la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia dictamina e informa sobre las condiciones de cumplimiento de los contratos de transporte y sus cláusulas de ejecución.

Asimismo, interviene en el depósito, valoración y enajenación de mercancías cuyos portes no se paguen por el destinatario obligado a ello. También realiza el depósito y enajenación de las mercancías transportadas cuando no sea posible realizar la entrega y corran riesgo de perderse.

Por otra parte, realiza depósitos y peritaciones cautelares, previos al arbitraje, cuando haya dudas y discusiones sobre el estado de las mercancías transportadas.

En el ámbito de esta función, la Junta resuelve reclamaciones e interviene en conflictos, de contenido económico, en relación con los transportes terrestres (carretera, ferrocarril y cable). Se incluyen tanto los transportes internos como los internacionales, y los intermodales cuando uno de los modos es terrestre (carretera-barco, ferrocarril-aéreo, etc.).

Cualquier usuario, transportista, cargador o intermediario que sea parte contratante en un transporte terrestre de mercancías o viajeros, puede acudir a la Junta Arbitral, sin abogado ni procurador, presentando un simple escrito de reclamación.

La Junta, en un único trámite de vista oral, rápido y antiformalista, resuelve la reclamación planteada dictando un laudo que sustituye a la sentencia o decisión judicial y produce efectos idénticos a la cosa juzgada. La intervención de este organismo es gratuita.