La persistente situación de crisis y la falta de previsión presupuestaria vivida en los últimos años han llevado a las Administraciones Públicas a alcanzar unos niveles de morosidad con las empresas de nuestra región hasta ahora desconocidos, tanto por su cuantía como por el número de compañías afectadas. Una situación denunciada por CROEM en numerosas ocasiones como causa del cese de actividad de miles de empresas y la consecuente destrucción de empleo.
Teniendo muy presentes estas circunstancias, la confederación valora positivamente el esfuerzo realizado por la Consejería de Economía y Hacienda para alcanzar un acuerdo con las entidades financieras que permitiera el Plan de Pagos presentado el pasado viernes. Y que, según manifiesta dicha Consejería, es la única solución posible para dar salida a la grave situación creada.
No obstante, CROEM considera conveniente y necesario hacer una serie de precisiones al mismo que, en todo caso y con carácter previo, ya fueron planteadas en parte en el ámbito del diálogo social abierto por Gobierno regional junto a esta confederación y los sindicatos. Y que se concretan en los siguientes puntos:
1º Es positivo que el plan afronte determinados pagos a corto plazo, de manera que un número importante de proveedores pueda ver satisfechas las cantidades que se le adeudan. Hay que matizar en todo caso, porque es de justicia con el resto de los acreedores de la Comunidad, que ese número de proveedores supone en realidad un parte muy pequeña de la deuda total.
El “grueso” de la misma es la que preocupa a esta confederación ya que, de acuerdo con las previsiones del Gobierno regional, se va a satisfacer en un plazo máximo de cinco años, lo que parece, a todas luces, excesivo. Con todo, subrayamos lo positivo de que, según la información recibida, un 95% de pequeños empresarios y autónomos verán satisfechas sus deudas a corto plazo.
2º Se asume que los criterios de déficit que impone el plan de equilibrio presupuestario marcado por el Gobierno central no permiten acumular más deuda para afrontar los pagos pendientes, pero pensar que a los años de deuda acumulada hay que sumar ahora una prórroga de otros cinco resulta insostenible para las empresas. Y ello a pesar de que la Comunidad haya asumido que hará frente al pago de los intereses de la mora, aspecto que la confederación valora como imprescindible, pero que tiene más que ver con el cumplimiento de un precepto legal que con un acto de carácter voluntarista.
3º En ningún caso parece aceptable que las empresas que se acojan a la fórmula de cobro anticipado mediante la financiación a través de las entidades que han suscrito el convenio con la Comunidad Autónoma deban asumir los costes de la misma, puesto que éstos se añadirían a los ya soportados por el tiempo transcurrido desde que se generó la deuda hasta la fecha. Esto llevaría a convertir la adjudicación, en su día, de la obra o servicio en una operación con importantes pérdidas.
Como conclusión, el Plan de Pagos presenta aspectos a valorar positivamente por parte de los empresarios, pero mantiene otros que no son aceptables porque suponen, como se ha dicho ya, una carga extra que en nada ayuda a superar la complicada situación a la que se han visto abocadas las empresas por problemas interpuestos y que han provocado la parálisis de actividad y la destrucción de puestos de trabajo.