En la misma, a través de sus abogados, la asociación pudo explicar por qué considera que la multa debe ser retirada:

1.- La APC es juez y parte en la sanción. La misma APC que promueve y tiene por proyecto estrella el Macropuerto del Gorguel contra el que se hacía esa acción, multa a los activistas, en lo que esta asociación entiende como una represalia por sacar al debate público los impactos de ese proyecto millonario (costaría unos 1.700 millones de €, de los cuales más de 500 serían públicos).

2.- La acción fue pacífica, breve y no provocó daños materiales, ni personales, y tampoco se impidió el uso de las instalaciones de la APC. Consistió en un cierre simbólico de la puerta principal del edificio y la colocación de unos carteles, fotos y la Bandera Negra otorgada por esta asociación.

3.- La multa se basa en legislación pre-constitucional. El reglamento por el que se multa a los activistas deriva de una ley de los años 20, ya derogada, y no se ha adecuado a la legislación actual. De hecho, los argumentos que utiliza el reglamento son tan genéricos y peregrinos como la "vagancia" o "faltar a la moralidad", términos que nos recuerdan conocidas leyes de oscuros tiempos pretéritos.

4.- Viudes tiene un empeño tan grande en que ese proyecto se lleve a cabo en dicha ubicación, como grande es su desprecio a todo lo que venga de ámbitos ambientalistas o a cualquier valor natural. Por ejemplo, en una entrevista reciente, llamaba "El peluca" a Pedro García (director de ANSE y ecologista histórico de la región), o decía del Camachuelo trompetero que es un "gorrión africano que es una puta mierda" cuando es un ave considerada amenazada en la península ibérica y que está catalogada con la máxima categoría de protección que otorga la legislación europea.

Para los ecologistas es evidente que la APC no ha sido nada imparcial en este caso, y la sanción, además de injusta, es totalmente desproporcionada. Eso hace sospechar a la asociación de que se trata de una sanción con vocación de represalia e intimidatoria.

Como curiosidad del transcurso del juicio, destacar que la Abogada del Estado (la que defendía la postura de la APC) ha insistido en que la APC consideraba que la acción no era un hecho grave, y que por eso se impuso una "multa proporcional que es 60 veces inferior a la máxima".

Los ecologistas, en cambio, opinan que una multa de 1.000€ por persona, por una acción pacífica, simbólica, que ni causó daños ni lo pretendía, es totalmente desproporcionada.

Esta asociación espera y desea que las instituciones públicas avancen cada día más en su democratización y en el abandono de prácticas autoritarias y preconstitucionales.

Quienes ostentan un cargo público deberían tener en cuenta que su labor es representar a la ciudadanía, y defender el interés público, por lo que deben tender hacia una participación pública en la toma de decisiones.

Ecologistas en Acción Región Murciana agradece a tod@s l@s que les han apoyado, tanto particulares, como colectivos, y especialmente a quienes han podido acompañarles físicamente en el desarrollo de las dos vistas.

Para terminar, la asociación anuncia que ahora toca esperar a la emisión de la sentencia, que posiblemente tarde un par de meses, y que en su día anunciarán la decisión adpotada por el juez que instruye el caso.

La asociación ha querido aclarar, que sea cual sea el resultado, la lucha contra el Macropuerto de Contenedores en El Gorguel seguirá siendo igual de firme que hasta ahora, y que no darán ni un paso atrás, pese cualquier intento de represalia o intimidación.