La descentralización administrativa y de gobierno en determinados aspectos de la vida pública es un avance social, sobre todo cuando esa descentralización supone más ámbitos de decisión ciudadana. Las comunidades autónomas si bien podían haber sido un paso en firme hacia ese objetivo, por desgracia, se han convertido en muchos aspectos en un problema para la igualdad y los derechos de los ciudadanos de este país. La descentralización del sector público español ha dejado en manos de las Administraciones Territoriales aproximadamente la mitad del gasto total. Estas administraciones, en especial algunas CCAA, han experimentado una hipertrofia institucional, con una expansión desproporcionada e ineficiente de sus burocracias y una creciente desconexión entre sus ingresos y sus gastos.

Entre nuestras propuestas destacamos:

• Las CCAA, siguiendo el ejemplo de algunas de ellas, deberían acometer reducciones de sus unidades administrativas, cuyo número y tamaño no ha dejado de crecer en los años de bonanza. Deberían terminar igualmente  con el despilfarro injustificado que acarrean las televisiones autonómicas o las delegaciones en el extranjero, prebendas para sus funcionarios, coches oficiales, asesores, etc. También deberían aligerar la carga de sus empresas e instituciones públicas, generadoras de una deuda de importante cuantía que, si bien no se registra contablemente como deuda pública, sí es un factor desestabilizador adicional.
• Es necesario fijar un techo de gasto también para las CCAA, que obligara a éstas a una mayor disciplina presupuestaria.
• El sistema de financiación autonómica debería propiciar un mayor grado de corresponsabilidad fiscal que dé lugar a una mayor disciplina y austeridad por parte de estas administraciones. De la misma forma que los gobiernos autonómicos tienen una gran capacidad de decisión en el gasto deben estar dispuestos a asumir los costes de su financiación vía impuestos. 
• Las políticas fiscales de las CCAA habrían de estar plenamente sujetas al organismo fiscal independiente que se proponía en un punto anterior, incluso arriesgándose a sufrir sanciones en caso de incumplimiento. De esa manera se corregiría la actual asimetría del sistema en el que las posibles sanciones europeas recaen únicamente sobre la Administración Central.