El ministro de Trabajo y ponente en materia de empleo del programa electoral del PSOE, Valeriano Gómez, se ha reunido hoy en Murcia con representantes de empresas de economía social y del trabajo autónomo.
A continuación transcribimos el contenido de la rueda de prensa que ha mantenido con los medios de comunicación:
La propuesta electoral del PSOE está basada en la multiplicación, en triplicar el conjunto de los fondos que durante todo este tiempo el país asigna cada año a la creación de empleo. Y se va a hacer con nuevos fondos procedentes de los tres grandes nuevos impuestos que hemos planteado poner en marcha a partir del 20 de noviembre: un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, un nuevo impuesto que grave a su vez los beneficios de las entidades financieras, y el impuesto sobre el patrimonio.
España necesita, en un momento de dificultad económica intensa, en que hay una recaída en la recuperación, en España y Europa, necesitamos redoblar esfuerzos para reducir el coste del trabajo. Y eso no implica, como pretende el PP, reducir los salarios, sino reducir las cotizaciones sociales. No implica reducir el coste del despido, como pretende la principal organización empresarial española, sino que implica la reducción de los costes de la contratación.
Lo que plantea el PSOE es que durante los próximos años podamos destinar alrededor de 9.000 millones de euros a reducir las cotizaciones sociales de las pequeñas y medianas empresas por cada nuevo trabajador que contraten. Y ese nuevo trabajador tendría una reducción el primer año del 100% de su cotización social, el segundo del 75%, el tercero del 50%, y el cuarto año del 25%. Una reducción intensa y previsible, que permita construir proyectos de futuro para sus negocios.
Estamos muy preocupados por la oferta del PP en su programa electoral, porque no dice claramente –y más bien parece advertir lo contrario- que va a mantener uno de los grandes sistemas de nuestro nivel de protección social, como es el de protección por desempleo. No dice con claridad que va a seguir protegiendo a los más de tres millones de personas que están en este momento percibiendo el seguro de desempleo en España, y que no son defraudadores en su inmensa mayoría. Son desempleados que ha creado la crisis, una crisis muy importante basada fundamentalmente en la crisis inmobiliaria que ha sufrido este país fruto de los excesos del pasado. Y Murcia es una buena tierra para ver lo que han sido esos excesos.
Nuestra oferta electoral plantea la continuidad, incluso la necesidad, de seguir prestando apoyo a aquellas personas que continúan en el desempleo después de haber agotado su prestación. Que la solución al desempleo no puede pasar por reducir el apoyo y la solidaridad con los que están desempleados, sino que tiene que ser la de mantener ese nivel de apoyo. Porque de esta crisis no vamos a salir rápidamente como ocurrió en los noventa, porque en aquellos años España ya crecía a niveles ostensible. Ahora será una crisis de salida más lenta, porque tenemos un sistema financiero seriamente afectado por sus propios excesos, y que también está pagando y purgando los excesos del pasado cuando aumentó el riesgo innecesariamente en el sector inmobiliario.
Y como la salida va a ser más lenta, vamos a tener a más personas desempleadas durante más tiempo. Por eso necesitamos un sistema que funcione, que les dé apoyo, inserción, ayuda para buscar nuevos elementos de futuro en el mercado de trabajo, centenares de miles de personas que estaban empleadas en la construcción, y a quienes no podemos dejar en la cuneta.
Por último, en el ámbito laboral y de seguridad social, nos preocupa que la oferta electoral conocida del Partido Popular en el ámbito de las pensiones, después de la reforma que abordamos en febrero, con pleno acuerdo entre sindicatos, empresario y Gobierno, con amplio respaldo parlamentario, la única reforma en Europa -después de la realizada en Suecia hace 17 años- que se ha realizado con acuerdo, que después de todo el esfuerzo realizado ahora se plantee (el PP) que cada dos años se envíe un informe al Parlamento para extraer conclusiones para ver de qué forma se ajustan los gastos a los ingresos del sistema para seguir manteniendo la suficiencia. O sea, que (según el PP) vamos a sembrar dudas cada dos años respecto del nivel de las pensiones que van a cobrar nuestros jubilados. Nosotros hemos hecho una Ley para que haya un período transitorio largo que finaliza en el 2027, y a partir de ahí cada 5 años estudiar la situación del sistema. Esto (lo que dice el PP) no es razonable.
Dicen que no van a meter tijera en sanidad, en educación y en pensiones, y están sembrando dudas sobre el nivel de las prestaciones sociales de nuestros pensionistas. Hemos hecho reformas en pensiones que, por cierto, no tuvieron su apoyo. Y ahora plantean que cada dos años se revise la situación de los pensionistas. Hace falta seriedad, rigor. No es posible, ocho millones de jubilados no merecen ese trato.