El sindicato acusa al Gobierno regional de eludir sus obligaciones con los más desfavorecidos y golpeados por la recesión económica, al tiempo que anuncia su intención de no aplicar el impuesto de patrimonio sobre las grandes fortunas.
CCOO ha manifestado su más enérgico rechazo a la decisión del gobierno regional de crear unas nuevas tasas que gravarían las solicitudes de reconocimiento a la dependencia, minusvalía y familia numerosa. El sindicato saluda por contra la decisión adoptada por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia de rechazar la instauración de dichas tasas.
Para la responsable de Política Social de CCOO de la región de Murcia, Mª Dolores Flores, "el Gobierno Regional ha decidido volver a hacer recaer parte de la crisis sobre el Sistema de Servicios Sociales del que nos hemos dotado precariamente en los últimos treinta años, eludiendo sus obligaciones con los colectivos más desfavorecidos y golpeados por la recesión económica".
El anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y de Fomento en la Región de Murcia para el año 2012 pone de manifiesto también a qué intereses sirve el Gobierno Regional y a qué grupos sociales ha decidido desproteger- y a cuales proteger- con sus medidas de ahorro, además de ratificar la percepción de que se mueve en una dirección errática en cuanto a su modelo de servicios sociales y del estado del Bienestar, ha añadido la responsable sindical
Para CCOO, el cobro de las tasas que ha rechazado el CES es contrario al artículo 8.2 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia que determina que "los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento, de Inserción Social, de Promoción y Cooperación Social, así como los servicios de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, tendrán el carácter de universales y serán gratuitos para todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Reglamentariamente podrá atribuirse este carácter a otros servicios", por ejemplo, el servicio de reconocimiento o renovación de grado de dependencia.
El sindicato insiste en que el Gobierno Regional lo sabe y también es conocedor de las características individuales, familiares y sociales de las personas que solicitan tales servicios. Como también sabe el dinero que puede recaudar si aplica el nuevo Impuesto de Patrimonio para las fortunas superiores a los 700.000 euros. Unos 3.000 murcianos que aportarían a las arcas regionales casi 21 millones de euros anuales. No obstante, el Gobierno Regional, en palabras de su presidente, Sr. Valcárcel ha decidido no aplicar el impuesto.
La decisión de no aplicar el Impuesto de Patrimonio por su falta de "coherencia" y la de crear nuevas tasas aplicada a personas con diversos grados de minusvalía, dependencia o a familias numerosas, llena de estupor a CCOO de la Región de Murcia como debería de llenar a cualquier persona sensata que contemplara como a las fortunas superiores a 700.000 euros anuales se les condona su mínima cuota de solidaridad mientras a colectivos socialmente vulnerables se les obliga a pagar, muchas veces por encima de sus posibilidades, para abastecer las maltrechas arcas de la Hacienda Regional.
Otra política social es posible, pero ha de pasar necesariamente por el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales, por la coherencia en su diseño y aplicación, y por la universalidad y gratuidad en su prestación. Todo lo contrario a lo que está haciendo actualmente el Gobierno Regional mientras rechaza gratuitamente fuentes de ingresos que no vendrían nada mal en estos tiempos difíciles.