Nuevamente PP y PSOE vuelven a introducir un tema de gran repercusión en la vida y en la economía de la Región de Murcia, no para proponer soluciones, sino para intentar sacar rédito político.PRDE siempre ha mantenido desde que se fundó, que las competencias en materia de agua deben corresponder al Estado central, como alternativa y solución razonable, solidaria y viable económicamente.

Resultan un tanto sorprendentes las declaraciones de Mariano Rajoy en las que afirmaba que el PP no va a proponer en su programa el trasvase del Ebro.

Es evidente que el PP, al igual que ha hecho en otros momentos el PSOE, construye sus propuestas en función de quiénes puedan ser sus hipotéticos socios de y la CC AA en la que hable, en lugar de hacerlos en base a unos criterios técnicos de viabilidad y rentabilidad.

PRDE cree que en la mayoría de las decisiones tomadas por los respectivos gobiernos en los últimos años, de uno y otro color, han prevalecido más los criterios políticos que los criterios técnicos o de viabilidad o sostenibilidad ambiental.

En concreto, la derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno de Zapatero atendió a cuestiones estrictamente políticas.

En otro sentido, el PP hizo creer a la ciudadanía murciana que ese agua procedente del Ebro tendría un precio asequible, pero después se demostró que el precio del m3 sería, una vez llegada el agua a Murcia, de no menos de 0,60 céntimos de €, muy parecido al del agua desalinizada, un precio excesivo para ser rentable en agricultura.