La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, lamentó que el Grupo Parlamentario Popular no haya aprobado en la Asamblea que se pida al Gobierno regional que el pago de las prestaciones para la dependencia no vuelva a sufrir retrasos como los de este verano.
El pasado miércoles, el Parlamento autónomo debatió una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que se proponía pedir al Gobierno regional el establecimiento de una fecha fija para el pago de las prestaciones de dependencia, algo que el PP se negó a apoyar, al votar en contra de la iniciativa socialista.
La diputada mostró su preocupación respecto a que de aquí a final de año pudieran producirse nuevos retrasos en las prestaciones por dependencia, dada la situación económica de la Administración regional. "Rechazamos de pleno que los problemas de Tesorería que pueda tener el Gobierno regional tengan que pagarlos los dependientes y las personas con menos recursos, perceptoras del salario mínimo interprofesional, como sucedió el pasado mes de junio".
13.000 dependientes
Al mismo tiempo, el Grupo Parlamentario Socialista quiere que el Gobierno regional explique, cuándo se van a hacer efectivas las prestaciones por dependencia a los más de 13.000 dependientes que tienen reconocido ya el derecho a recibirlas y aún no las perciben.
La diputada socialista señaló que el hecho de que el Gobierno regional, al tener problemas de Tesorería retrasara el pago de las prestaciones por dependencia "nos pone en alerta, ya que esos problemas de Tesorería se van a ir incrementando por la caída de los ingresos, a lo que hay que sumar el recorte presupuestario de 800 millones de euros que tiene previsto acometer el Gobierno regional".
Con este escenario, Rosique añadió: "nos preocupa que el Partido Popular de Murcia haga con los dependientes lo que Mª Dolores de Cospedal está haciendo en Castilla- La Mancha, a los que no les ha pagado las prestaciones de los meses de julio y agosto".
Teresa Rosique hizo alusión al Informe anual del Defensor del Pueblo de 2010, donde se ponen de manifiesto las numerosas quejas presentadas ante esta institución como consecuencia de las dilaciones en la tramitación del procedimiento. El Gobierno regional ha incumplido el plazo de 6 meses para el reconocimiento del grado y de la prestación por dependencia. "Quejas a las que también se han sumado otras derivadas del retraso del pago de prestaciones ya acordadas, es decir, los retrasos en los abonos de las mensualidades o de los pagos únicos derivados de las cuantías acumuladas y no pagadas desde la fecha de la solicitud y para cuya solución ha sido necesaria la mediación del Defensor del Pueblo".
Tapar incumplimientos
Agregó que el Partido Popular "para tapar" los incumplimientos en materia de dependencia acude siempre al discurso de que la Comunidad autónoma pone más dinero que el Gobierno de España para la aplicación de la ley de Dependencia, "algo que no es cierto; además computa como gastos de dependencia los que la Comunidad realizaba ya con anterioridad a la aplicación de la ley, debido a que tiene las competencias exclusivas en materia de Política Social y, por tanto, es su obligación".
El pasado año, según la Cuenta General de la CA de 2010, el dinero comprometido por el Gobierno de España para la Ley de Dependencia fue de 75 millones de euros, a los que hay que sumar el dinero que vía financiación autonómica llega a nuestra Región en relación al peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación.
Rosique exigió al Gobierno regional que los problemas de Tesorería y los recortes presupuestarios que piensa llevar a cabo no afecten ni a las políticas sociales ni a los dependientes.