La diputada regional socialista Teresa Rosique exigió a Valcárcel que "con carácter inmediato pague los 20.000 euros que adeuda al comedor social cartagenero 'El Buen Samaritano' para que no tenga que cerrar, como han anunciado los propios responsables del citado servicio social".
Rosique pidió, además, que "la Comunidad Autónoma colabore con el Hogar 'El Buen Samaritano' para garantizar su viabilidad económica". "La responsabilidad de que la gente tenga para comer en nuestra Región es, por Ley, del Gobierno de la Comunidad, no es responsabilidad de una ONG. Por tanto, Valcárcel tiene que, o ayudar a la ONG que gestiona el comedor, o asumir cómo va a garantizarse que las más de 300 personas que acuden a diario tengan para comer", añadió.
Y es que, en opinión de la diputada, "no es recibo que la Comunidad Autónoma, precisamente en estos momentos tan difíciles, no haya abonado la subvención concedida en 2010 al Hogar El Buen Samaritano". E insistió en que "es inconcebible que el Gobierno regional haya dado lugar a que peligre un servicio básico de primer orden, estamos hablando de personas que no tienen para comer, cuando ha despilfarrado y derrochado a manos llenas en otras cuestiones superfluas".
Rosique reiteró que, aparte del pago de la deuda de la CARM con el comedor, el Gobierno regional tiene que colaborar en la búsqueda de un plan de viabilidad para que pueda seguir funcionando y dando servicio a los cientos de personas que acuden a diario.
La Ley obliga
"Por Ley, el Gobierno regional tiene que garantizar recursos básicos a la población que no dispone de ellos", insistió la diputada, que recordó que Valcárcel lleva cuatro años sin cumplir la Ley de Renta Básica de Inserción (RBI).
Por otra parte, Teresa Rosique recordó que el impago por parte del Gobierno regional de las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2010, e incluso en 2009 llevan a situaciones insostenibles y que causan sonrojo a los ciudadanos. "Esos impagos no sólo han acarreado la desaparición de algunas de esas asociaciones y el despido de numerosos trabajadores, sino que dejan sin la prestación de servicios sociales a miles de personas", finalizó.