La diputada regional socialista Teresa Rosique denunció que el Gobierno de Valcárcel lleva cuatro años incumpliendo la Ley de Renta Básica de Inserción, lo que ha privado a miles de familias en nuestra Comunidad Autónoma de los ingresos mínimos que por derecho les garantiza la Ley.

La Ley de Renta Básica de Inserción (RBI) fue aprobada en 2007 y entró en vigor en julio de ese año. Las medidas más importantes que recoge debían de ser aprobadas a través de un Reglamento que tenía que aprobar el Gobierno regional, y que debía aprobarlo, según la Ley, en los 6 meses siguientes de su entrada en vigor, lo que significa que debía estar aprobado a finales de 2007.

Teresa Rosique explicó que, cuatro años después, el Gobierno de Valcárcel sigue sin aprobar dicho Reglamento, y por lo tanto las medidas contempladas en la LRB no se pueden aplicar. Hay que decir que el CES dictaminó el Proyecto de Reglamento en noviembre de 2008, y que fue informado ya también por el Consejo Jurídico. "No hay excusa, pues para que el Reglamento esté sin aprobar".

Mandato legal al Gobierno regional

La Ley de RBI garantiza a las personas que vivan en la Comunidad el derecho subjetivo a una prestación económica, así como el derecho a apoyos personalizados para la inserción laboral y social de los beneficiarios incluidos en un proyecto individual de inserción. Y mandata por Ley que estas prestaciones sean prioritarias en las actuaciones de las distintas Consejerías.

Esto significa que, por Ley, el Gobierno regional está obligado a garantizar unos ingresos mínimos a aquellas personas o unidades familiares que carezcan de ellos. Y, además, que no sólo se garantiza una prestación económica, sino que también se garantizan medidas para la inserción.

Es, por tanto, una cuestión ineludible, de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno regional.

"De la aprobación del Reglamento depende que se regulen las normas de valoración de recursos económicos, pero también el importe de la prestación básica y del complemento variable, las ayudas complementarias para material escolar o de transporte para asistir a cursos de formación, la posible prórroga de la percepción, el acceso a las medidas de inserción, los requisitos y características básicas de los programas de integración social, así como la composición de la Comisión de Seguimiento" puntualizó Rosique, quien insistió en que "todo esto lo está incumpliendo el Gobierno regional desde hace 4 años".

11.000 familias sin recursos, perjudicadas

La diputada socialista advirtió que, a pesar de que el Gobierno regional viene manifestando en reiteradas ocasiones que, aunque el reglamento no está aprobado, las personas que tienen derecho a una RBI las están cobrando con las cuantías fijadas para el Ingreso Mínimo de Inserción, "esto no es así". "En primer lugar, para poder acceder a la RBI hay que establecer las normas de valoración de los recursos económicos de las unidades familiares, para valorar si tienen derecho a la misma. Esta regulación tiene que hacerse en el Reglamento que el Gobierno de Valcárcel tiene todavía sin aprobar", subrayó.

Según las declaraciones realizadas por el anterior consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, a finales de 2010 en la Región de Murcia existían 11.000 familias sin ningún tipo de recursos. "Si nos fiamos de estos datos, podemos decir que esas 11.000 familias tenían derecho a las prestaciones que recoge la Ley de Renta Básica de Inserción".

Sin embargo, en la Región de Murcia sólo 1.150 familias están cobrando el Ingreso Mínimo de Inserción, que debe ser sustituido por la Renta Básica de Inserción, y cuyo retraso hace que estas familias estén cobrando 100 euros mensuales menos de lo que recibirían si se estuviese aplicando la Ley, una cantidad que para la situación económica de estas unidades familiares, y más en estos momentos de crisis que castiga a la Región más que a otras comunidades, es fundamental.

La RBI garantiza unos recursos mínimos para 2011 de 399,38 euros, y un máximo de 798,76 euros mensuales. Según que la unidad familiar sea de una persona o que el beneficiario tenga familiares a su cargo. El indicador para el mínimo es el 75 % del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que para 2011 es de 532,51 euros, y para el máximo el 150 % del IPREM.

El Reglamento debe aprobarse con urgencia

Teresa Rosique anunció que el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una moción en la Asamblea Regional pidiendo la aprobación inmediata y urgente del Reglamento para el desarrollo y aplicación de la RBI, y solicitando que se le aplique a dicha moción el trámite de urgencia.

"El consejero de Economía y Hacienda ha anunciado que su Consejería ha iniciado la elaboración de los Presupuestos regionales para 2012. Pues bien, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos imprescindible que en esos Presupuestos se cumpla el mandato que la Ley de RBI establece, para que todas las medidas que se contemplan en la misma tengan la consideración de prioritarias por parte del Gobierno regional y, por lo tanto, deben estar recogidas en esos Presupuestos", finalizó la diputada.