La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, pone en marcha una campaña para mejorar la seguridad y supervisar el correcto funcionamiento de medio millar de bares, discotecas, hoteles, supermercados, gasolineras o aparcamientos públicos de la Región, entre otros establecimientos industriales.

El objetivo de esta iniciativa es, según explicó José Ballesta, "supervisar el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de climatización y protección contra incendios de estos establecimientos, para garantizar su seguridad y evitar así posibles riesgos para la ciudadanía".

Los encargados de llevar a cabo estas revisiones anuales son los técnicos de la dirección general de Industria, que junto con miembros de los organismos de control, valoran que las instalaciones cumplan con todos los requisitos mínimos que recoge el artículo 14 de la Ley de Industria y están enmarcadas en un plan anual que se publica en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Entre los principales objetivos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas se encuentra supervisar todos los bares y discotecas de la Región, así como los hoteles, aparcamientos públicos, supermercados con una superficie superior a los 800 metros cuadrados, gasolineras, etc.

Metodología

La supervisión consta de una primera revisión documental, a través de la que se comprueba que el establecimiento dispone de las correspondientes autorizaciones de las instalaciones. Además, se solicitan los contratos de mantenimiento que aseguran que ha pasado las revisiones e inspecciones periódicas oficiales.

La segunda parte consiste en una valoración visual de todas las instalaciones, para comprobar su correcto funcionamiento y si reúnen las condiciones de seguridad reglamentarias. Asimismo, José Ballesta explicó que "se realizan algunas mediciones en las protecciones y elementos de seguridad, determinando que la instalación es adecuada al uso que se destina y segura para los usuarios."

Así, y siguiendo la normativa de seguridad, si los técnicos detectan algún defecto en la instalación eléctrica que suponga un peligro grave o si existe falta de mantenimiento o de colaboración con la administración, se sancionaría siguiendo la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, con multas que pueden ir desde los 3.000 euros hasta los 90.000 euros, en función de la gravedad.

La selección de qué establecimientos, instalaciones, equipos e industrias que han de ser supervisados se realiza anualmente a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con el fin de abarcar el mayor número de sectores posibles. Así, durante el ejercicio pasado se realizaron más de 600 revisiones en la Región, entre estaciones de servicio, talleres de reparación de automóviles, puertos marítimos, almacenes de productos químicos, entre otros.