La Federación de Enseñanza de CCOO considera que devolver las competencias en educación al gobierno central sería una medida retrógrada que haría retroceder el proceso democrático que vive nuestra región desde la aprobación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Retroceso que debilitaría tanto a la autonomía murciana como al derecho de la ciudadanía a decidir sobre los asuntos que le afectan directamente de manera próxima y con su propio criterio.

La propuesta realizada el pasado miércoles por el presidente Valcárcel en Madrid pone de manifiesto que 29 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía algunos partidos políticos no acaban de asumir la realidad y exigencias del modelo autonómico establecido por la Constitución.

Las competencias autonómicas no pueden ser competencia con freno y marcha atrás. Pueden no asumirse, pero una vez negociadas y realizadas las transferencias, corresponde al gobierno regional gestionar democrática y eficazmente las competencias asumidas.

Intentar devolver las competencias, además de constitucionalmente imposible, supone renunciar a ejercer la responsabilidad vinculada a la condición de gobernante regional. No cabe, tampoco, aducir dificultades económicas cuando la financiación del coste de las competencias fue acordada por el propio presidente Valcárcel con el gobierno central del momento presidido por José María Aznar.

Utilizar las competencias en dos materias clave para los ciudadanos como instrumento en el conflicto presupuestario que el gobierno regional mantiene con el central es una irresponsabilidad que pone de manifiesto o bien el desprecio por los intereses de los administrados o bien un reconocimiento de incapacidad gestora.

CCOO considera que la asunción de las competencias educativas y sanitarias constituyó un paso adelante en la consolidación del modelo autonómico que la Constitución establece, mejoró la calidad democrática de nuestro sistema de convivencia y acercó a la ciudadanía la gestión de materias especialmente sensibles para ésta; y en consecuencia reclama que el gobierno regional asuma sus responsabilidades, abandone la política económica de despilfarro y amiguismo, y gestione con eficacia los servicios públicos esenciales buscando el interés de la mayoría y no la ocasión de negocio de su red clientelar.