También abogará por impulsar una ley de financiación para las haciendas locales que garantice la sostenibilidad económica
Modernizar la Federación Española de Municipios y Provincias, impulsar una ley de financiación para las haciendas locales y abordar los nuevos retos de los municipios españoles para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Sobre estos aspectos basará mañana el Alcalde de Murcia y presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Miguel Ángel Cámara, su intervención en la XVIII Unión Intermunicipal Popular, que se celebrará en Sevilla.
Al encuentro, que estará presidido por el Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, asistirán Ana Mato, Vicesecretaria de Organización y Electoral; Javier Arenas, Presidente del PP de Andalucia; Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla; y Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, entre otros.
El Alcalde expondrá la necesidad y urgencia de promover una ley de financiación de las haciendas locales que otorgue una mayor estabilidad a los ayuntamientos y garantice la sostenibilidad económica de los servicios municipales. El objetivo último a alcanzar, según explicará Cámara, es ofrecer una mayor calidad de vida a los ciudadanos.
Cámara también abogará por la convocatoria de un pacto político para las administraciones públicas y propondrá una reforma de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que atienda a la realidad actual. En este sentido, el Alcalde explicará que, después de más de 25 años desde la fundación de este organismo, la situación socio-política española se ha transformado y evolucionado, lo que obliga a diseñar para la FEMP un modelo más ágil, más descentralizado y más participativo con las distintas federaciones territoriales que la integran.
Durante su intervención, el Alcalde incidirá en la urgencia de establecer medidas extraordinarias para financiar los pagos a proveedores a cuenta de una nueva financiación local. Cámara recordará que la aportación de los ayuntamientos al endeudamiento de las cuentas públicas es mínima y sin embargo se exige a los ayuntamientos cada vez más esfuerzos por parte del Gobierno central, como impedir el acceso al crédito o utilizar parte de los recursos municipales para hacer frente a los pagos a proveedores.