Región

UPyD insiste en la necesidad de un plan de austeridad de las finanzas autonómicas, para limitar la deuda

Considera que el incremento de la deuda de la Región el primer trimestre obliga al nuevo Gobierno regional a ser aún más escrupuloso en la ejecución de los presupuestos

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha reclamado  al Gobierno Regional que se constituya un plan urgente de austeridad en los gastos públicos, después de conocerse hoy que la deuda de la Región se ha incrementado en un 39% en el primer trimestre, alcanzando una cifra de 2.348 millones de euros. “Este dato conocido hoy, junto con la dificultad  para cumplir con los objetivos de déficit de la Comunidad Autónoma, incrementan la incertidumbre sobre la economía murciana”, señalo Sánchez

“Ente las medidas que UPyD propone”, ha recordado Sánchez  “está la disminución de Consejerías y  Direcciones Generales en el nuevo gobierno, o  la eliminación de todos los consorcios y entes públicos no relacionados directamente con sectores productivos y de los que no afecten de forma directa a las prestaciones sociales básicas, Educación, Sanidad, Dependencia, ni a asociaciones  de acción social con proyectos de actuación directos. Todas las demás, en un momento como el que estamos atravesando, deben ser consideradas no prioritarias y se debe considerar su supresión”.

Sánchez apuntó también a medidas recaudatorias que el Gobierno regional puede aplicar como la aplicación del 0,25 del tramo autonómico del IRPF, la recuperación de los tramos más altos del impuesto de sucesiones o la solicitud al Gobierno Central para que recupere el impuesto sobre el Patrimonio.

Además, y con carácter general, Sánchez señaló que se debe racionalizar toda la estructura administrativa del conjunto del Estado y CC AA para evitar duplicidades y derroche.  En ese sentido recordó que UPyD viene insistiendo desde hace más de tres años en medidas como la supresión de las Diputaciones Provinciales, el reagrupamiento de municipios y la devolución de competencias al Estado, como Educación y Sanidad, para asegurar la igualdad de prestaciones y disminuir el gasto que supone el mantenimiento de 17 sistemas diferenciados.

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