El Plan, presentado por el Gobierno Regional y aprobado por el Ministerio de Economía supondrá un grave deterioro de la calidad de los servicios públicos de sanidad y educación, un importante recorte de plantillas en éstos, y una disminución del poder adquisitivo del conjunto de los ciudadanos.

Ahora queda claro que, como ha venido afirmando la Federación de Enseñanza de CCOO y negando el Gobierno regional y sus sindicatos amigos:

Las medidas aprobadas en la Ley de Medidas Extraordinarias (5/2010) y modificadas por la Ley 1/2011 no concluirán el 31 de diciembre de este año sino que se prolongarán al menos a 2012 y 2013.

La ampliación de jornada de los empleados públicos regionales supondrá un ahorro de al menos 10 millones de euros, lo que necesariamente supondrá reducción de plantillas (y en el sector docente aumento del horario de docencia directa).

Sí habrá reducción de plantillas, e importante, en el sector docente en el que se contemplan medidas sin especificar para aplicar en el segundo semestre de 2011 (a efectos prácticos el último cuatrimestre) que supondrán 28,6 millones de ahorro. Si se trata de supresión de unidades (el texto habla de "optimizar la planificación de la escolarización para una adecuada aplicación de las ratios") o de limitar las sustituciones de profesorado en baja (el texto también habla de "optimizar los procesos de cobertura de puestos y sustituciones"), ambas medidas supondrán una importante reducción de la plantilla con disminución de las contrataciones de interinos, en contradicción con las afirmaciones de que no se "despediría" a nadie.

Las medidas anunciadas suponen, literalmente, volatilizar el Acuerdo de Plantillas de 2006 en el que se establecía la jornada lectiva ordinaria de docencia directa y se limitaban las ratios alumno/aula en los distintos niveles educativos.

Además el Plan introduce, así sea parcialmente, el copago en diversos servicios educativos por la vía de la aprobación de 5 nuevas tasas, cuya cuantía no se especifica, por actuaciones que hasta ahora estaban libres de éstas. El importe total que se anuncia será recaudado con estas nuevas tasas, 15 millones de euros, lleva a la impresión de que su importe va a ser desproporcionado.

Se anuncia la "racionalización de la estructura de los Centros de Formación del Profesorado", expresión que enmascara, sin duda, una disminución de su plantilla.

Se consagra el principio de "distinto salario por igual trabajo" discriminando al personal de administración y servicios de la CARM respecto del de el SMS anulando "sine die" la homologación salarial de ambos.

Se consolidan los recortes salariales y sociales, que se mantendrán en los próximos tres años.

Se desdeña la posibilidad de hacer aflorar parte de la economía sumergida, 25% del PIB regional, para mejorar la recaudación fiscal, en tanto se anuncian medidas fiscales que afectan a las rentas más bajas, y a los contribuyentes más jóvenes, y se continua sin aplicar medidas fiscales sobre las rentas altas y los contribuyentes con más recursos.

El Plan es, en resumen, un nuevo ataque a los servicios públicos de todos los murcianos. Agrede a las condiciones de trabajo y sociales de los empleados públicos y deteriora la calidad de los servicios de educación, sanidad y dependencia.

La Federación de Enseñanza de CCOO se pregunta qué tendrán ahora que decir los sindicatos firmantes del "Acuerdo" del 10 de febrero, y llama a todos los empleados públicos y ciudadanos en general a responder masivamente acudiendo a la manifestación del próximo 17de abril, convocada por el Comité de Resistencia, contra los recortes sociales.