La candidata a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, adelantó hoy que en el próximo programa electoral del PSRM se va a proponer "darle la vuelta" a la política que se practica actualmente en la Región en cuanto a educación y política social "para asegurar a los ciudadanos que reciben los servicios sociales". "Los servicios sociales son derechos de ciudadanía como consagran la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, la Ley de Servicios Sociales regional o la Ley de Dependencia, no pueden algo ser ni la beneficencia o la caridad de un Gobierno regional como el que ahora tenemos", subrayó.

Reunión con ASPANPAL

Begoña García hizo estas declaraciones tras reunirse con representantes de ASPANPAL (Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje), "una entidad con más de 30 años de historia en la Región, que es referente regional y nacional en el tratamiento de la discapacidad auditiva, formada por padres y madres, con aproximadamente 300 socios y alrededor de 100 familias en tratamiento".

La candidata socialista puso de manifiesto que en la Región las personas de más de 6 años que reciben un trasplante coclear "no tienen asegurada la rehabilitación posterior, que es imprescindible". "Tampoco está asegurado un derecho que consagra la Ley de Servicios Sociales, que es que los niños con déficit auditivos tengan intérpretes en las aulas para su normal desarrollo educativo y para su normal integración en la vida ordinaria". Estos servicios de intérprete lo pagan las asociaciones, y en este momento están en riesgo por la demora en los pagos del Gobierno regional.

Derechos de ciudadanía

La candidata socialista afirmó que La Región está obligada a la prestación de los servicios sociales, "que son derechos de ciudadanía", y que los murcianos "no pueden ser menos que los de otras comunidades autónomas". "Vamos a cambiar el mapa, haremos que la Administración asuma en su totalidad la prestación de los servicios sociales, si bien los podrá hacer por cuenta propia o por cuenta de organizaciones y asociaciones, a las que no someterá a subvenciones que hoy existen y mañana no, o que se pueden recortar, sino que se mantendrán como un catálogo de prestaciones, exactamente igual que tenemos asegurada la prestación sanitaria o una plaza escolar", añadió.

"Me comprometo a hacer un catálogo de derechos y prestaciones de servicios sociales que permita que cualquier persona pueda reclamar ante los Tribunales de Justicia un derecho inherente de su condición de ciudadano, que no puede ser dado de una forma "graciable" ni en función de la capacidad económica de un Gobierno regional".

Retegui recordó que "el Gobierno autonómico tiene todas las competencias en materia de política social y recibe toda la financiación autónomica en función del número de habitantes que tiene, del número de discapacitados, de dependientes y de niños y niñas en edad escolar, y además recibe dinero de la población a través de los impuestos"·