El Consejo de Gobierno ha dado luz verde, a propuesta de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, que rebaja las primas a los productores de energía fotovoltaica.

En la citada norma, el Gobierno español incidió de forma especial en la aplicación de medidas retroactivas que modifican sustancialmente el marco legal existente desde 2008.

Entre los cambios más destacados se encuentran la limitación de las horas de producción, sin tener en cuenta la zona climática de la instalación, lo que perjudica especialmente a comunidades como la Región, con mayor capacidad de producción por su índice de radiación solar. Asimismo, se impone un peaje para cualquier productor.

El recurso del Gobierno regional plantea que las reglas de juego jurídico que regula la actividad de la producción eléctrica fotovoltaica no se pueden modificar una vez fijado un escenario para el sector y después de que pequeños, medianos y grandes inversores hayan realizado sus instalaciones. Esta modificación quebranta los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que proclama el ordenamiento jurídico.

Además de la inseguridad jurídica que puede generar el Real Decreto Ley, el recurso del Gobierno regional también se basa en la discriminación y arbitrariedad de esta norma promulgada por el Gobierno central, así como en la vulneración de los artículos 9.3, 14, 86, 138 y 139 de la Constitución Española.