La Región de Murcia atraviesa una grave situación económica que ha afectado a las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia así como a los ayuntamientos de la región. El modelo especulativo del ladrillo por el que apostó el gobierno regional con la complicidad de ayuntamientos gobernados por el PP y el PSOE en los últimos años se ha derrumbado. Era, tal y como señaló en su día IU-Verdes, un modelo con los pies de barro. El crecimiento económico era sólo cuantitativo y concentraba el beneficio en muy pocas manos. Los ingresos fiscales eran muy dependientes de la actividad inmobiliaria por lo que al primer contratiempo la Hacienda regional se vio seriamente afectada.
El Gobierno Regional no ha actuado sobre los ingresos tal y como reiteradamente ha solicitado IU-Verdes propiciando una reforma fiscal autonómica para que de forma progresiva contribuyesen más quienes más ganan y más tienen. La única medida de calado adoptada por el PP ha sido una Ley de recorte a las personas empleadas públicas. Ninguna medida fiscal seria ni tampoco ninguna medida de reducción del despilfarro.
Una vez consumado el recorte en la Asamblea Regional a los servicios públicos de nuestra región creemos que, sin abdicar de nuestra posición favorable a la derogación de la Ley de Medidas Extraordinarias, todos los cargos públicos electos y no electos, de la administración regional deben dar ejemplo. Y, de la misma forma que se les exige por segunda vez un sacrificio a las personas empleadas públicas, también debe exigirse al Presidente, a los Consejeros y Consejeras, Directores y Directoras Generales, Diputados y Diputadas y demás personal de libre designación del gobierno en las distintas Consejerías, empresas públicas y entes de distinta naturaleza dependientes del presupuesto regional.
La medida, ciertamente, tiene pocos efectos cuantitativos pero tiene un importante efecto simbólico en un contexto de fuerte descrédito de la gestión pública. Por eso, cuando se exigen sacrificios a los demás, hay que predicar con el ejemplo.
Por todo lo cual, presento para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente texto
MOCIÓN
La Asamblea Regional de Murcia, insta al Consejo de Gobierno, a que aplique, mediante decreto y con carácter inmediato, una reducción salarial a los cargos públicos electos y no electos (Presidente, Consejeros y Consejeras, Directores y Directoras Generales, Diputados y Diputadas y demás personal de libre designación del gobierno en las distintas Consejerías, empresas públicas y entes de distinta naturaleza dependientes del presupuesto regional), al menos en la misma proporción que la practicada a las personas empleada públicas según se desprende de la Ley de Medidas extraordinarias. Y, asimismo, que se destine la cuantía detraída a un fondo especial de lucha contra la pobreza y la exclusión social.