El Gobierno regional mantuvo hoy contactos con los ejecutivos de las comunidades de Madrid y Galicia para que se adhieran al recurso de inconstitucionalidad que promueve la Región contra el Real Decreto Ley 14/2010 que castiga las instalaciones de energía solar fotovoltaica de forma retroactiva. Tras sumarse la Comunidad Valenciana a la iniciativa del presidente Valcárcel para evitar la destrucción de empleos y la desaparición de pymes en este sector emergente, el Ejecutivo murciano continúa buscando nuevas alianzas.

El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, informó en ese sentido a los representantes de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Murcia (Coag) y la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético Región de Murcia (Aremur) promotores de este tipo de instalaciones.

Marín indicó que "estamos ya trabajando para que más comunidades autónomas, como ayer Valencia, se sumen a estas iniciativa que trata de poner freno a un decreto ley claramente injusto y fruto de la improvisación, creando un clima de desconfianza que afecta a cualquier proyecto de inversión industrial y de desarrollo".

El consejero también resaltó hechos como la desaparición de empresas, y por tanto empleos, creadas en la Región para el desarrollo de este sector productivo incipiente e innovador por los cambios en la regulación. Además, por la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, se verían afectados unos 20.000 agricultores de la Región, que invirtieron en este tipo de instalaciones. Además, se estima que unos 500 trabajadores dedicados al mantenimiento de estas instalaciones perderían su empleo y se dejarían de ingresar unos 83 millones de euros anuales debido al recorte.

En la Región existen unos 350 megavatios de energía solar fotovoltaica instalados. La mayoría de ellos pertenecen a huertos solares de pequeños agricultores que podrían obtener, a largo plazo, los beneficios de estas inversiones.

Marín concluyó que "hacemos extensivo al resto de comunidades autónomas, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla León, esta iniciativa, que no sólo afecta a miles de ciudadanos sino a la confianza y la imagen de España en el exterior".