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CCOO: "El Gobierno regional está sembrando la confusión para desmovilizar a los empleados públicos en contra de la Ley de Medidas Extraordinarias"

CCOO denuncia que el tanto el Gobierno regional como los sindicatos corporativos firmantes del preacuerdo de la Ley de Medidas Extraordinarias están llevando a cabo una campaña de desinformación e intoxicación, con el único objetivo de desmovilizar a los trabajadores y trabajadoras de la administración autonómica.

CCOO denuncia que tanto el Gobierno regional como los sindicatos corporativos firmantes del preacuerdo sobre la Ley de Medidas Extraordinarias están llevando a cabo una campaña de confusión con el único objetivo de conseguir la desmovilización de los empleados públicos

En el marco de esta campaña, se viene afirmando que no se va a destruir empleo "interino", según dice la Comunidad. Lo que no dice es que el empleo que se está destruyendo es empleo eventual. Más de 750 puestos de trabajo se han perdido desde el 1 de enero hasta la fecha, fundamentalmente en el Servicio Murciano de Salud. La diferencia entre interinos y eventuales es que los primeros cubren vacantes existentes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), mientras que los segundos se han venido contratando por períodos de seis meses, de forma ininterrumpida durante los dos últimos años, para cubrir puestos de trabajo que no figuran en esa RPT.

Estos puestos de trabajo eventuales provienen de la aplicación de la jornada de 35 horas, pactada en 2008, para todos los servicios, debido a que en su día el incremento de puestos vacantes en la relación de puestos de trabajo fue de apenas 750, cuando la aplicación de dicha jornada demandaba muchos más trabajadores para cubrir adecuadamente los servicios. Al no acomodarse la relación de puestos de trabajo a la plantilla que realmente se necesitaba, el SMS ha venido cubriendo con unos 2.500 trabajadores eventuales dichas necesidades. Otro tanto ocurre en otros servicios sociales y asistenciales.

Con respecto al personal interino, las dudas que se mantienen abiertas no son respecto a la destrucción de los actuales puestos de trabajo interinos, sino al futuro. Los puestos de trabajo vacantes se cubren con interinos para permitir el mantenimiento de las plantillas ante bajas coyunturales –Incapacidad transitoria, excedencias, etcétera- o ante bajas estructurales –bajas voluntarias de la actividad, jubilaciones-. El Gobierno regional sólo se compromete a mantener los actuales interinos (en el caso de los docentes, hasta final de curso), pero nada indica sobre la cobertura de más de 1.200 bajas vegetativas por jubilación que se darán a lo largo de este año, y que afectan de lleno a la estructura de plantillas del conjunto de la administración. Precisamente con el alargamiento de la jornada laboral se pretende "evitar" que la cobertura de estas bajas conlleve el mantenimiento de las plantillas.

El otro elemento que contradice los propios argumentos del Gobierno Regional y los sindicatos corporativos es el relativo a la jornada de trabajo, cuando afirman que la jornada de 36,5 horas no tendrá efecto sobre el empleo ni tampoco se realizará como jornada de trabajo "presencial", sino que el aumento "se podrá destinar a tareas de formación y recualificación", extremo que en ningún caso figura en el texto acordado. Si eso fuera así, un aumento de jornada sin efectos prácticos en la distribución del trabajo y sin reducción de empleo derivada de aquel, ¿qué sentido tiene el empecinamiento del Gobierno regional en elevar la jornada pactada de 35 horas semanales?, se preguntan desde CCOO.

Durante la negociación, CCOO exigió, sin éxito, que el compromiso de no destrucción de puestos de trabajo figurase con claridad y con mecanismos de comprobación, pero los representantes del Gobierno regional se negaron a incluir una claúsula de esta naturaleza en el texto.

CCOO denuncia que tanto el Gobierno regional como los sindicatos corporativos se han lanzado a una campaña de desinformación interesada, no diciendo toda la verdad, con el único afán de generar confusión e impedir las movilizaciones que mantienen los sindicatos que no han firmado el acuerdo, respaldados por las asambleas realizadas en los centros de trabajo de la administración autonómica.

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