CCOO y UGT consideran pura demagogia las declaraciones de la Consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien ha llegado a afirmar que "el Gobierno está en contra de la subida de impuestos planteada por los sindicatos", en un nuevo intento de confundir y engañar a la ciudadanía, ocultando y tergiversando el contenido de las propuestas sindicales.
UGT y CCOO presentaron públicamente el pasado jueves, 3 de febrero, un documento de medidas alternativas de carácter impositivo y de reducción del gasto frente a las aprobadas de manera unilateral por el Gobierno regional el pasado 23 de diciembre.
Ambos sindicatos quieren destacar que la "subida de impuestos" planteada en dicho documento sólo afectaría a las rentas más altas, es decir a un 5% de los contribuyentes de nuestra Región.
En cuanto a la propuesta presentada en relación al impuesto de patrimonio y sucesiones, UGT y CCOO indican que sólo afectaría a patrimonios superiores a los 450.000 euros y sobre viviendas que no sean la habitual.
CCOO y UGT denuncian que en 2008, en plena crisis, el Gobierno regional "regalo a las rentas altas" cerca de 20 millones de euros con la reforma del impuesto de patrimonio.
UGT y CCOO recuerdan que el Gobierno ha subido impuestos de manera generalizada, como es el caso del llamado céntimo de la gasolina, el impuesto sobre hidrocarburos para costear la sanidad. Un impuesto que sí afecta a toda la población, y especialmente a los sectores que peor lo pasan en esta situación de crisis.
Los sindicatos se preguntan a quién intenta proteger el PP en su negativa a aceptar las propuestas sindicales, si no es a las clases menos necesitadas, a los ricos.
En cuanto al impuesto sobre grandes superficies, es un impuesto pensado para favorecer al pequeño comercio en la línea de lo planteado por otras formaciones políticas en la Asamblea Regional.
CCOO y UGT llaman la atención sobre la negativa del Gobierno de subir impuestos a unos pocos, los que más tienen, cuando los sindicatos tenemos información de que están estudiando la posibilidad de introducir el copago sanitario, un claro intento de privatización de la sanidad pública en el horizonte de que sólo las personas con alta capacidad adquisitiva y altas rentas sean los que tengan acceso a servicios de calidad.
Pedimos al Gobierno Regional que abandone la inactividad, la falta de compromiso para resolver la situación, y que intente sacar a la Administración Regional de la situación de suspensión de pagos y pre-bancarrota en la que se encuentra; dejando de poner en peligro tanto las nóminas de las cincuenta y cinco mil familias de los empleados públicos regionales, como la subsistencia misma de los servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad.