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CCOO acusa a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de atentar contra la libertad de expresión y contra la libertad sindical

La Consejería ha comunicado al sindicato su intención de retirar unos carteles con el anagrama de CCOO en los que aparece un personaje llamado "Ramón Luis Manostijeras"

CCOO ha recibido una comunicación de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, dirigida al secretario general del sindicato, en la que se comunica la intención de proceder inmediatamente a la retirada de unos carteles, colocados en el Tablón de Anuncios sindicales que, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, deben servir para la difusión de avisos y comunicados que puedan interesar a los afiliados y trabajadores en general.

En el mencionado cartel aparece un personaje fruto de un montaje fotográfico y al que se le denomina "Ramón Luis Manostijeras"; se da la circunstancia de que dicho cartel mereció la atención de la prensa en los primeros días de las movilizaciones de empleados públicos, siendo ampliamente reproducido en los medios de comunicación y apareciendo desde entonces de forma profusa en todas las manifestaciones y concentraciones.

La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, dice textualmente de dicho cartel, con el anagrama de CCOO que su contenido gráfico "pudiera vulnerar derechos fundamentales constitucionalmente protegidos".

La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, con absoluto cinismo, comunica la retirada de los carteles alegando "la salvaguarda de los derechos y libertades sindicales".

CCOO, además de responsabilizarse de la autoría de dicho cartel, considera que el comunicado y la decisión de la Consejería constituye un gravísimo atentado contra la libertad de expresión y la libertad sindical, que más bien recuerda épocas que creíamos felizmente superadas.

CCOO conmina a la Consejería a que en vez de velar por la "salvaguarda de la libertad sindical", algo para lo que el sindicato se basta y sobra, se dedique a desarrollar las políticas sociales regionales, a dotar de recursos a la ley de Dependencia y a no llevar a cabo políticas discriminatorias contra las organizaciones sociales.

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