En el día de ayer, martes 11, el servicio de Inspección educativa ha comunicado a los equipos directivos de los centros educativos públicos la prohibición de realizar claustros en los que el profesorado pueda pronunciarse en contra de la Ley de Medidas Extraordinarias o adoptar decisiones relativas a la organización escolar, como son la realización o no de actividades extraescolares o paros laborales.

Con esta medida que cercena el derecho de reunión y la libertad de expresión del profesorado la Consejería de Educación se desliza por la pendiente de los comportamientos autoritarios, siguiendo la estela del Presidente Valcárcel.

Si la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales ya se realizó de manera abiertamente irregular e ilegal en las formas (eludiendo los mecanismos de control social como el Consejo Económico Social y el Consejo Jurídico, sin información previa, y sin convocar al pleno a los diputados de la oposición) y manifiestamente anticonstitucional en los contenidos (invadiendo el ámbito competencial del gobierno y del parlamento central y legislando sobre materia laboral que tiene vedada) la nueva medida comunicada ayer intenta impedir que los afectados por la Ley se pronuncien sobre ella de manera colectiva desde los órganos colegiados que le son propios.

La excusa de que los claustros solamente pueden hablar sobre cuestiones didácticas es insostenible, como demuestra que decenas de centros educativos se han pronunciado a lo largo de los años sobre temas no directamente didácticos: rechazo al golpe de Estado, condena del atentado del 11-M, etc. El profesorado de la escuela pública regional no va aceptar ahora verse imposibilitado para, en cuanto tal, ejercer los derechos fundamentales y las libertades públicas que la Constitución le garantizan.

Desde CCOO queremos manifestar que:

Resulta vano e inútil pretender impedir que el profesorado diga alto y claro que rechaza las medidas regresivas, desreguladoras y privatizadoras del gobierno regional.

El responsable de Educación también lo es del empleo en nuestra región (23% de paro) y de combatir la economía sumergida (que aporta un nada edificante 25% del PIB regional). Envíe el Sr. Sotoca a sus inspectores a hacer emerger ese sector de la economía nido de la explotación laboral y del fraude fiscal y desista de intentar amordazar a la Escuela.

Animamos al profesorado de todos los niveles educativos a expresar, en los claustros y en la calle, con claridad y contundencia, el rechazo a los recortes y agresiones a la escuela del gobierno regional y a adoptar con libertad y responsabilidad las medidas de presión, escolares y extraescolares, que estime pertinente.

TF.689574205