El sindicato advierte ante el peligro de que otros gobiernos autonómicos aprueben normas similares
Desde su reciente promulgación, Comisiones Obreras ha venido denunciando la Ley de Medidas Extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas (LEM), Ley 5/2010, BORM 31 diciembre 2010, decretada por sorpresa por el gobierno regional de Murcia, que consideramos injustificadas y desproporcionadas y que se agravan ante el hecho de que, de forma unilateral, y sin negociación previa, se impongan unas nuevas condiciones laborales al personal funcionario, estatutario y laboral de la Comunidad. Estas nuevas condiciones no se ajusta a los artículos 149.1.7, 149.1.18 de la Constitución al invadir competencias estatales.
Tampoco se ajustan a los artículos 28.1 y 37.1 relativos al derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, y sobre los que existe una abundante jurisprudencia desde el Tribunal Constitucional. Además, la Ley no se atiene a lo estipulado en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), en los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo ni al artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que determina las materias que han de ser objeto de negociación.
Esta Ley añade nuevos recortes salariales a los ya establecidos ha raíz del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo. Del mismo modo, anula derechos retributivos consolidados y otros en vías de cobro tras varios aplazamientos. Pero inciden también en horarios y carga de trabajo, horas extraordinarias, prestaciones sociales, Plan de Acción Social, etc.
La situación originada por la aprobación de esta Ley es de una extrema gravedad porque no sólo supone una alteración de la legislación y una supresión unilateral de derechos, sino que nos encontramos ante un primer paso que, de no ser paralizado, supone el desmontaje de todo el sistema de derechos que, con tanto esfuerzo, lucha y sacrificio, las empleadas y empleados públicos han ido consiguiendo desde que logramos la democracia.
Esa gravedad justifica que, por primera vez, la Federación de Enseñanza de CCOO. convoque en Murcia su Comité Federal, su máximo órgano de coordinación, con presencia de los secretarios generales de las federaciones de todas las comunidades autónomas, a fin de que se pueda explicar en España la gravedad de las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular de Murcia, que también se repiten en Madrid. Ante este panorama los empleados públicos no pueden pensar que el PP vaya a salvaguardar condiciones laborales atacadas por el Real-Decreto 8/2010.
Asimismo, denunciamos la incapacidad del Gobierno regional para aplicar ajustes económicos a lo largo de 2010, mientras organiza derroches del tipo Manifiesta 8 , que ahora deben pagar los empleados públicos.
Las medidas aprobadas, además de un ataque a las condiciones laborales de miles de empleados públicos de la Región Murciana, significa el empobrecimiento de estos a costa de las políticas de despilfarro e improvisación del Partido Popular en el Gobierno. Más de una década de supuesto crecimiento espectacular, éste se derrumba como un castillo de naipes, demostrando que la economía de la región ha estado en manos de especuladores que se retiran con los bolsillos llenos para dejar la deuda de la crisis en forma de desempleo y recortes laborales.
El Partido Popular mantiene con cinismo que es posible reducir recursos y mejorar las prestaciones de los servicio públicos. Pero la realidad es que el desmantelamiento del sector público solo puede provocar desempleo, que se cebará principalmente en el colectivo de jóvenes.