Las Administraciones Públicas deben a las empresas de la construcción de la Región de Murcia una media de dos millones y medio de euros. Así lo afirmaron hoy en rueda de prensa Fulgencio Belando y Luis Fernández Mula, presidentes de FRECOM y de la Cámara de Contratistas de Obra Pública, quienes vaticinaron para el sector un 2011 de previsiones “muy negativas” en inversión.
Belando informó de que se prevé que en la próxima anualidad los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente reduzca sus presupuestos destinados a la Región de Murcia un 43 y un 39% respectivamente. De hecho, de los 526 millones de euros destinados a nuestra comunidad autónoma, sólo 54 se dirigen a obra pública, “ya que la mayor parte se lo llevan transporte ferrocarril”, matizó.
El dirigente empresarial extendió esta previsión a la baja al contexto regional, ya que tanto la Comunidad Autónoma como los ayuntamientos no podrán afrontar inversiones de consideración por falta de liquidez. “La deuda de la Comunidad Autónoma está en 1.823 millones de euros y aún no conocemos los datos de todas las empresas. En los próximos meses podemos ir a los 2.200 millones de euros. Hay pendientes de pago certificaciones desde mayo, es decir, las empresas están siete meses sin cobrar. Y los ayuntamientos deben en general los últimos seis meses y en algunos casos hasta un año y medio”, denunció Belando, que anunció más recesión para 2011, en torno a un 7%, y una posible recuperación el año siguiente.
Por su parte, Luis Fernández Mula cifró en 300 millones de euros la cantidad que se debe a las empresas de obra pública (unas 200 en la Región de Murcia) y expuso una iniciativa empresarial para combatir la elevada morosidad de las Administraciones Públicas: la edición de una guía en la que se explica cómo reclamar los intereses por mora o tardanza en el pago de las obras del sector público.
“Es una guía para que el empresario haga valer sus derechos ante las Administraciones porque muchas empresas están al borde del cierre o del concurso de acreedores por las deudas acumuladas”, aclaró Fernández, que explicó que iniciativas de esta índole se han tomado en otras regiones españolas, como Cataluña. La estimación porcentual apunta a que los más morosos son los ayuntamientos, en torno a un 40%, y que la Administraciones central y regional acumulan un 25% de deuda cada una.
Sobre este particular, los empresarios reclamaron apoyo de las Administraciones para que las entidades financieras les descuenten las certificaciones. “Hay que evitar tensiones, sobre todo entre los ayuntamientos y las empresas pequeñas, que son sus principales acreedores. Ninguna empresa quiere enriquecerse con los intereses de demora, sólo pretenden cobrar”, concluyó.
Pérdida de puestos de trabajo
Ambos representantes empresariales mostraron su preocupación por los puestos de trabajo perdidos en esta coyuntura tan negativa. “Desde 2007 se ha perdido el 50% del empleo que generaba el sector. Hace tres años había 105.000 ocupados y ahora 55.000 y se pueden perder otros 10.000 en 2011”, afirmó Belando, quien matizó que el año próximo sólo el capítulo de rehabilitación de viviendas demandará mano de obra.
El estocage de viviendas terminará en 2011
Fulgencio Belando informó de las cifras alcanzadas por el sector en 2010, en el que se iniciaron 2.200 viviendas y se terminaron 7.500. Los empresarios estiman que el estocage de viviendas se finalizará en 2011.
Además, se ejecutaron 4.800 expedientes de rehabilitación en viviendas y comunidades. No se incluyeron grandes proyectos en este apartado ni se espera que se incluyan en 2011.